La Organización de Consumidores y Usuarios ha asistido a la Cumbre Europea del Consumidor 2021, organizada virtualmente desde Lisboa por la Dirección General de Justicia y Consumo de la Unión Europea, donde se han dado cita más de 700 participantes de todos los Estados Miembros, representando no sólo a los consumidores sino también a la clase política, autoridades nacionales, el mundo académico, empresas y otros sectores interesados en debatir las prioridades para el año próximo año y hacer realidad la Agenda del Consumidor.
Las principales conclusiones de esta parte del debate han sido que la globalización del mercado, debido a la digitalización, no ha ido acompañada de una globalización de las normas de protección de los consumidores, que siguen teniendo carácter nacional. Para ir cerrando esta brecha, se ha creado el grupo de asesoramiento en política de los consumidores, al que OCU pertenece.
Por este mismo motivo, preocupa cómo abordar los problemas con las empresas que no tienen su domicilio en Europa y no cumplen con la legislación europea, en relación, por ejemplo, con la seguridad de los productos o el período de garantía.
Por último, se ha hecho una reivindicación para que las autoridades no sólo cooperen con las autoridades nacionales, sino también con las organizaciones de los consumidores, como altavoces de los problemas del día a día de los consumidores y usuarios.
En el taller sobre cómo desarrollar capacidades y herramientas para mejor la aplicación de la legislación sobre los consumidores, en el que OCU ha participado, las principales conclusiones han sido que se ha de dotar a las autoridades competentes con las herramientas electrónica adecuadas para la detección de infracciones en el entorno digital, así como la elaboración de un “Memorando de Entendimiento” que mejor la cooperación de todos los operadores del mercado.
Relevantes también han sido las conclusiones sobre cómo abordar el impacto de la pandemia en la vida de los consumidores, con tres deberes transcendentales para las autoridades:
1. Los Estados Miembros han de asegurar que los consumidores obtienen el reembolso por sus viajes cancelados.
2. En relación con las estafas al consumidor en las compras por internet y las prácticas comerciales desleales, la legislación de la Unión Europea ha de establecer claras responsabilidades para las plataformas para prevenir y reaccionar ante las estafas a los consumidores que se llevan a cabo por parte de las empresas y comerciantes usuarios de las citadas plataformas.
3. Apoyo financiero a los consumidores, sobre todo a aquellos cuya vulnerabilidad ha salido a la luz o ha empeorado como consecuencia de la pandemia.
