No sólo LA COVID-19 está provocando la agónica situación que atraviesa el sector de la fotografía y la imagen. A las restricciones implantadas por el gobierno central y las administraciones autonómicas y locales para intentar frenar los contagios de la pandemia, se unen algunas estrategias de digitalización, como por ejemplo aquella en la que los ciudadanos pueden llevar su DNI en el teléfono móvil. Esta iniciativa forma parte del proyecto llamado “Identidad Digital” que estará financiado por el Fondo Europeo para la Recuperación Económica y la Resiliencia.
El colectivo de fotógrafos con estudio, factura de media 130€ diarios en concepto de fotografías de DNI, unos 4.000€ al año, actividad que contribuye a que miles de profesionales continúen con sus establecimientos abiertos. Perder este servicio sería dar el golpe definitivo a sus deteriorados negocios.
Además, este sector ha sido duramente golpeado por las consecuencias indirectas de la pandemia, han perdido el 80% de la facturación habitual como consecuencia de las prohibiciones para celebrar eventos sociales: bodas, comuniones, bautizos, congresos, etc.
Ante esta grave situación desde UPTA y FEPFI, hemos decidido solicitar una reunión urgente con la Dirección General de la Policía. Eduardo Abad, presidente de UPTA “no podemos permitir que se condene al cierre total a los autónomos de este sector, y menos por causa de las decisiones adoptadas por la administración”.
Por su parte José Luis Pozo, presidente de FEPFI, Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen, “gran parte de nuestra facturación ya había descendido desde que la Dirección General de Tráfico permitió que las renovaciones del carné de conducir se realizasen en centros médicos y psicotécnicos, implantando en el documento una fotografía hecha con una cámara web del propio centro. Esto supuso un serio contratiempo en la facturación de nuestro colectivo, que ahora queremos recuperar, y que debería formar parte de las estrategias de revitalización del sector”.
