Estos son algunos de los datos que se extraen del informe realizado por UPTA sobre el perfil del colectivo de personas autónomas:
- La pensión media de jubilación de un autónomo es 416 euros inferior a la de un trabajador por cuenta ajena.
- 585.774 autónomos mayores de 55 años, 14.700 más que en enero del 2021, el 28,8%.
- 829 euros perciben los 1.323.555 autónomos, mientras los trabajadores por cuenta ajena reciben 1245 euros.
- 1,1 millones de autónomos tienen rendimientos netos por debajo del SMI.
- El 85,8% de los autónomos españoles cotizan en la base minina.
Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “los datos estadísticos del colectivo son concluyentes, nos encontramos ante un colectivo cada vez más envejecido con pensiones bajísimas. Si no se corrige esta situación con la modificación del sistema de cotización, seguiremos con los mismos problemas que llevamos padeciendo a lo largo de los últimos 30 años. Es indignante que tengamos que seguir incidiendo en la necesidad de redefinir nuestro sistema cuando existen casi 1,1 millones de autónomos con rendimientos netos por debajo del SMI”.
¿Cómo podemos sostener la idea de que un autónomo que declara 900 euros al mes de ingresos netos pague lo mismo que quién ingresa 2.000 euros? ¿Cómo se puede defender que autónomos con rentas de trabajo de 30.000 euros al año, sigan cotizando en una base de 960 euros con una cuota mensual de 294 euros, exactamente igual que el autónomo que declara 12.600 euros?
Realmente tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar el máximo consenso entre las distintas posturas que mantenemos las organizaciones representativas del trabajo autónomo y los agentes sociales, la única vía es la negociación, hacer enmiendas a la totalidad es infructuoso.
Desde UPTA seguiremos trabajando a lo largo de estas semanas para encontrar el consenso necesario y poder sacar adelante un modelo de cotización que responda al aumento del nivel de protección social, que mejore las pensiones del futuro y que rebaje el sobreesfuerzo contributivo de los autónomos y autónomas más vulnerables. Lo contrario sería una irresponsabilidad que solo respondería a otros intereses y que nada tienen que ver con la defensa de las personas trabajadoras por cuenta propia.
Según Abad, “está en peligro la oportunidad histórica de devolver la justicia contributiva a un sistema que adolece de los principios inspiradores del sistema público de protección social, la reforma del RETA es una cuestión de Estado”.
