Los cuerpos estaban alojados en el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, infraestructura que junto al Palacio de Hielo de Madrid y el Palacio de Hielo de Majadahonda, hizo funciones de depósito provisional de cadáveres durante el momento de máxima expansión de la pandemia.
El fallecimiento de estas personas se produjo antes del 21 de abril y sus restos han permanecido en alguno de estos tres depósitos habilitados. Ahora, después de que hayan transcurrido más de tres meses del deceso de estas personas, la Comunidad ha decidido, por dignidad y respeto, su traslado e inhumación en el Cementerio Sur de Madrid.
Este traslado permite el inicio de las obras de finalización del Instituto de Medicina Legal, instalación que, a partir de otoño, debe contribuir a combatir el COVID-19 con el estudio científico del virus a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados.
Para el traslado y entierro de estas 59 personas el Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno una partida de 134.000 euros, que han permitido a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, dependiente del Ayuntamiento de la capital, hacer efectivo el servicio funerario.
