El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, se ha reunido hoy con los seis directores de los centros de la ARRMI y la gerente de la Agencia, Lola Moreno, para hacer balance de su gestión durante la crisis sanitaria. López ha destacado “la excelente labor llevada a cabo por la Agencia y sus trabajadores, así como su esfuerzo para evitar la propagación del virus en las instalaciones de estos centros”.
El consejero ha subrayado el trabajo “de coordinación y organización de todos y cada uno de los excelentes profesionales que conforman la ARRMI, que en este caso ha contado con la colaboración e implicación imprescindible de los menores y sus familiares”.
Como ha explicado López, la gestión en la ARRMI durante la pandemia se ha cimentado en la anticipación y proactividad a la hora de tomar las medidas, asegurando la continuidad en el funcionamiento del servicio para 1.200 menores y jóvenes infractores que son atendidos por la Agencia, tanto en internamiento como en régimen medio abierto.
El consejero ha destacado también la coordinación y comunicación constante con los juzgados y la Fiscalía de menores, así como el apoyo y asesoramiento por parte de otras consejerías del Gobierno regional, y el seguimiento continuo, diario y pormenorizado de cada centro.
Además de estas medidas, desde la Agencia siempre se ha actuado siguiendo criterios médicos, procurando el refuerzo de la plantilla en los casos de bajas laborales y la entrega de material de protección. En concreto, a lo largo de la crisis sanitaria se han repartido más de 10.000 mascarillas, 27.000 guantes y cerca de 60 litros de gel hidroalcohólico y se han instalado mamparas de protección.
También se han llevado a cabo desinfecciones en los centros, se ha realizado el test de detección del COVID-19 a todos los empleados públicos adscritos a la ARRMI y se ha facilitado el teletrabajo a los empleados con la entrega de portátiles y acceso remoto a 90 personas para garantizar su salud laboral y facilitar su conciliación.
Medidas preventivas
La ARRMI, antes de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central, elaboró unas instrucciones dirigidas a los seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (CEMJ) para garantizar la salud de los menores y profesionales, que se ampliaron el 15 de marzo desde la Gerencia del ARRMI.
Entre otras medidas, se acordó suspender todos los permisos de salida de menores y jóvenes internos que ya estuviesen concedidos, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad Judicial y Fiscal. También se interrumpieron las salidas programadas de los internos que estuvieran cumpliendo medidas judiciales.
Asimismo, se decidió implantar la toma diaria de la temperatura a todos los menores y jóvenes internos, a los nuevos ingresos, y a todos los que regresen de un permiso. Esta medida se ha extendido a todas las personas que acceden a los distintos centros. En el caso de presentar fiebre o síntomas compatibles con el COVID-19, se contacta de inmediato con el personal médico del centro, pasando a aislar al afectado y aplicando las instrucciones fijadas por la autoridad sanitaria.
Por otra parte, durante la crisis, las comunicaciones presenciales entre los jóvenes internos y sus familiares se limitaron en su frecuencia y duración a lo estrictamente imprescindible, facilitándose y priorizándose la comunicación telefónica y las videollamadas.
Por último, con el final del confinamiento y la progresiva desescalada se flexibilizaron las restricciones a la movilidad y, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se han suavizado el régimen de salidas y el de visitas a los menores y jóvenes infractores, volviéndose poco a poco a la normalidad en todos los centros.
