El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha comparecido para informar del Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado 2021 (PGE). Justicia recibirá 410 millones de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Zapatero ha explicado que esta partida se recibirá hasta el año 2023. Casi 28 millones durante 2021 y 382 millones de euros en los dos ejercicios siguientes. El secretario de Estado ha indicado que estos fondos se utilizarán tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Justicia del 30 de octubre, en un esquema de cogobernanza de proyectos, basado en la corresponsabilidad.
El secretario de Estado ha señalado que estos fondos permitirán financiar los proyectos del plan de trabajo Justicia 2030, mejorando la actividad jurisdiccional y económica. Del mismo modo, también ha señalado que la no ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación en estos Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) 2021, «resultaría en una rendición de cuentas negativa ante Europa, así como una pérdida de esas partidas presupuestarias».
Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que el Proyecto de Ley de los PGE 2021 ha aumentado un 7,6% en Justicia respecto al presupuesto base 2020. Estos presupuestos son «los más expansivos de los últimos años», ha señalado Zapatero.
Colectivos más vulnerables
El gasto social para los colectivos más vulnerables será de 110,3 millones de euros, un 8,4% más que en el ejercicio anterior. De esta partida, 66,9 millones de euros corresponden a hacer efectivo el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo cual supone un 13,8% de incremento.
Las partidas más destacadas son los más de 40 millones destinados a juzgados especializados en violencia contra la mujer; más de 6,3 millones de euros irán destinados a las Fiscalías especializadas en Violencia de Género; los 5,8 millones para Asistencia jurídica gratuita especializada; los más de 2,5 millones de euros dedicados a las Oficinas de Asistencia a Víctimas; o los más de 10,3 millones para las Unidades forenses de valoración integral del Instituto de Medicina Legal y del INTCF.
Distribución del presupuesto por capítulos
En relación al Capítulo I, relacionado con el gasto de personal, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que aumenta en 99,03 millones de euros, un 6,6% más respecto al año anterior. Este aumento es debido principalmente al Plan de Reactivación de la DA 19 RDL 11/2020, cuyo importe en 2021 asciende a 43,78 millones de euros, así como al incremento retributivo para los funcionarios acordado por el Gobierno. En total se ofertarán 240 nuevas plazas de jueces y fiscales, 1.452 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia y 25 para Abogacía del Estado.
Respecto al Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, para 2021 el importe es de 141,16 millones de euros un 5,2%, 7,04 millones de euros superior al crédito del año anterior. En este capítulo se incluye, entre otras partidas, la dotación para «salarios de tramitación» por un importe de 15 millones de euros, con lo que se da cobertura a los gastos derivados de las reclamaciones por juicios de despido, cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta transcurridos más de noventa días hábiles desde la presentación de la demanda por el trabajador.
Para el Capítulo IV el presupuesto asignado asciende a 65,03 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2%. La dotación prevista para Asistencia jurídica gratuita en el ejercicio de 2021, asciende a 49,2 millones de euros, repartidas en 45,5 millones al Consejo General de la Abogacía Española y 3,7 millones de euros al Consejo General de Procuradores.
Por el lado de las inversiones, Capítulo VI, Zapatero ha indicado que se produce un incremento en 22,5 millones de euros. En total se trata de 194,95 millones de euros, de los que el 62% se dedicará a actuaciones relacionadas con la digitalización de la Justicia, 120 millones de euros.
También se van a destinar 47 millones de euros (24%) a infraestructura y equipamientos, de tal modo que para obras de construcción de nuevos edificios judiciales se destinarán 15,02 millones de euros: NEJ en Navamoral de la Mata, Manacor, Cáceres, Toledo, Segovia, Badajoz, Vitigudino y Casas Ibáñez.
Para obras de rehabilitación y mejora de sedes judiciales se destinarán 12,22 millones de euros: Audiencia Provincial de Salamanca y en edificios judiciales de Salamanca, Burgo de Osma (Soria), Ceuta, Toledo, Manzanares y Puertollano (Ciudad Real).
Para el Plan de inversión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal para la modernización y renovación tecnológica del equipamiento se destinarán 6,2 M€. Para mobiliario de órganos judiciales, fondos de biblioteca y otros equipamientos 6,44 millones de euros y para obras de rehabilitación de edificios históricos afectados al Ministerio de Justicia 1,9 millones de euros.
Presupuestos organismos autónomos
En lo que respecta a la Mutualidad General Judicial, su presupuesto se concreta en unos 24,5 millones de euros (21,6% de incremento) para prestaciones económicas del mutualismo y algo más de 87 millones (3,3% de incremento) para asistencia sanitaria, lo que supone un incremento global del 6,8% respecto a 2020.
El presupuesto del CEJ será de 12,8 millones de euros, un 27% superior al de 2020, que se destinarán en parte a actuaciones como la definición de una estrategia de aprendizaje basada en competencias, la creación de un laboratorio de ideas o el desarrollo y ejecución de un plan de atracción del talento al sector justicia.
En la Comisión también ha comparecido el Subsecretario de Justicia, Miguel Bueno. En ella, Bueno se ha referido al Programa 111N Dirección y Servicios Generales de la Administración de Justicia, destacando que cuenta con «75,7 millones de euros de dotación, lo cual supone un incremento notable respecto de la cifra de la que hasta ahora se disponía». También ha indicado Bueno que «los gastos en materia de Recursos Humanos de la Administración General del Estado cuentan con una dotación en capítulo 1 de 53,14 millones de euros».
Respecto al Programa 112A. Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, y en particular a lo presupuestado para financiar las infraestructuras y equipamiento de la administración de Justicia, el Subsecretario ha señalado que contarán con 33,23 millones de euros. «Con estas dotaciones se mantienen las inversiones ya comprometidas, que continúan ejecutándose, y se pondrá en marcha la construcción de nuevas sedes, al tiempo que apuesta por la rehabilitación de las sedes de órganos judiciales y fiscalías», ha indicado.
Bueno también se ha referido al Programa 921S. Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, del que ha destacado que el presupuesto de Abogacía del Estado para el ejercicio 2021 asciende a 42,06 millones de euros y, por tanto, «presenta un incremento de 6,11 millones de euros que, en términos porcentuales, representa un 17,01% de aumento».
