Muchas gracias por interesaros por este proceso. La verdad es que hacemos un balance muy positivo: no ha sido un camino fácil, pero estos meses han constatado que la remunicipalización era posible y que se ha producido sin mayores problemas para la ciudadanía, a pesar de los augurios de quienes se oponían. Como solemos decir medio en broma, la gente abre el grifo en casa y sigue viendo cómo sale agua: ha sido una transición suave y normal, no podía ser de otra manera. La concesión terminó en julio de 2017 y el Ayuntamiento decidió democráticamente recuperar la gestión que ya había tenido a través de una nueva entidad pública expresamente creada. Aún así, el cambio ha supuesto un esfuerzo enorme para el Ayuntamiento y el equipo técnico que se ha volcado en lograrlo. Sin la implicación del personal de la concejalía de Medio Ambiente no habría sido posible.
¿Qué implica que el agua haya pasado a ser de gestión pública?
Que hemos devuelto a la institución pública un servicio que entendemos como un derecho básico. El agua potable y todos sus servicios asociados son necesarios para una vida digna, y creemos que la gestión de un recurso esencial no puede generar un beneficio privado cuando es perfectamente asumible desde las administraciones públicas. El dinero que cada ciudadano y ciudadana paga debe producir beneficios sociales y medioambientales, no privados.
Pero además de las consideraciones ideológicas, la remunicipalización produce ventajas palpables. En primer lugar, el Ayuntamiento tiene ahora un completo control del servicio y la empresa funciona de manera plenamente transparente. En segundo lugar, el beneficio millonario que antes obtenía anualmente la empresa concesionaria ahora revierte en el Ayuntamiento, que lo utilizará exclusivamente para financiar el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Tenemos que tener en cuenta que el anterior equipo de gobierno dejó un déficit en obras de mantenimiento superior a los 96 millones de euros. La remunicipalización facilitará enormemente llevar a cabo un plan de inversiones durante los próximos 15 años con el objetivo de poner al día todas las infraestructuras del ciclo integral del agua en la ciudad, plan que ya ha comenzado en 2018.
¿Qué ha supuesto este cambio para los vecinos?
Los ciudadanos de Valladolid siguen teniendo los mismos servicios de suministro, alcantarillado y depuración que antes, pero a medida que vayamos ejecutando las inversiones la ciudad contará con unas infraestructuras menos propensas a averías, reventones, cortes de suministro e inundaciones, que tantos problemas producen en los edificios y los barrios que los sufren.
Además hemos aprobado una tasa de suministro que congela el precio del agua e introduce, además, importantes bonificaciones fiscales para las familias más vulnerables, porque creemos que el acceso a los recursos básicos no pueden suponer ninguna dificultad por motivos económicos. Se estima que se podrán acoger a la bonificación 1.956 solicitantes, el triple de beneficiarios en 2016. La bonificación pasa del 50 % al 75 % tanto en la cuota de servicio como en la cuota variable del consumo, mientras que hemos mantenido las bonificaciones a familias numerosas. Poco a poco estamos dando la vuelta al modelo de gestión, centrándonos en el derecho al acceso y la redistribución de la riqueza.
¿Cómo fue el proceso hasta lograr este cambio?
Al acceder al equipo de gobierno creamos una Comisión Político-Técnica que encargó al personal de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad la elaboración de un informe comparativo entre los distintos tipos de gestión directa e indirecta del ciclo del agua. Tras meses de intenso trabajo, las conclusiones de este informe y de los redactados por la Asesoría Jurídica y la Intervención del Ayuntamiento fueron claras: el modelo elegido ofrecía las mayores ventajas fiscales para el Consistorio, permite un mayor control y transparencia de la gestión, ofrece la proyección de evolución de tarifas menos gravosa para el bolsillo de las vallisoletanas y vallisoletanos y permitirá reinvertir, como decía, en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras, que presentan un déficit escandaloso.
Todo este proceso se ha desarrollado con la máxima transparencia: la oposición ha podido participar en la Comisión Político-Técnica y ha tenido en su poder todos los informes y documentación pertinente, la ciudadanía ha podido participar a través de tres foros públicos desarrollados el año pasado y nos hemos reunido en incontables ocasiones no solo con el Comité de Empresa de Aguas de Valladolid, sino con la plantilla en su totalidad, en asamblea abierta, para poder conocer sus posiciones y resolver todas las inquietudes e incertidumbres que se hubieran podido generar.
Una vez que el pleno del Ayuntamiento aprobó el cambio de modelo, creamos la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, que recoge el testigo de la concesionaria, y efectuamos la transición necesaria, incluida la contratación de un gerente mediante concurso público, la subrogación de la plantilla y la apertura de la sede de la EPEL. Desde entonces hemos avanzado en la aprobación de la nueva tasa del agua y en la inclusión de las primeras inversiones en los presupuestos municipales de este año.
¿Cómo afectó el cambio a los trabajadores?
Antes de dar comienzo a la remunicipalización tuvimos claro que no nos embarcaríamos en el proceso sin garantizar la subrogación de la plantilla de la empresa concesionaria, Aguas de Valladolid, de manera que los trabajadores y trabajadoras continuaran en sus puestos en condiciones muy similares y con la posibilidad de acceder en el futuro a formar parte del personal del Ayuntamiento. En primer lugar, por respeto a sus derechos laborales, y en segundo lugar, porque el Ayuntamiento necesita contar con su experiencia y conocimiento, imprescindibles para afrontar esta nueva etapa.
¿Aún sigue contando con detractores?
La verdad es que las voces críticas, fundamentalmente provinientes del lobby de las empresas privadas de gestión del agua y de la oposición política que defiende sus intereses, se han dejado de oír una vez que la remunicipalización se ha hecho efectiva. Creo que la normalidad con la que se ha producido la transición ha dejado sin argumentos a quienes auguraban una hecatombe.
El mito creado en torno a las bondades de la gestión privada, sobre las que tanto se insistió durante la oleada de privatizaciones de los años 90, no se sostiene. Cualquiera entiende que si una empresa concesionaria obtiene un beneficio millonario por su labor de gestión, está saliendo dinero de nuestros bolsillos que no se destina a producir beneficios sociales y medioambientales, sino estrictamente económicos.
Pero más allá de los argumentos de brocha gorda, podemos acudir a datos contrastables: el Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización del sector público local de 2011, ya señalaba que la gestión privada del agua era un 22 % más cara que la pública en municipios pequeños y medianos, que generaba unas pérdidas en las redes de abastecimiento un 30 % mayores e invertía en mantenimiento de las infraestructuras un 15,5 % menos. Los beneficios de la gestión pública se imponen, y por eso cada vez más ciudades se interesan por explorar esta vía de gestión.
¿Cuáles son los planes más inmediatos de Aquavall?
Después de los primeros meses de puesta en marcha, AquaVall tiene ahora por delante mejorar ciertos procesos de gestión, como por ejemplo el envío de facturas, y sobre todo ejecutar las primeras inversiones. A finales del 2017 ya aprobamos obras de refuerzo del colectores en varias zonas de la ciudad y en la Estación de Tratamiento de Agua Potable. También hemos previsto obras de mejora del sistema de aislamiento de bombas y limpieza de rejas de desbaste pozo principal de la depuradora y sustitución de contadores.
Otra de las medidas que hemos puesto en marcha recientemente ha sido la aprobación de un Plan de Emergencias ante Situaciones de Sequía para el Abastecimiento Urbano de Valladolid. En los últimos meses la ciudad ha sufrido de manera muy directa el desastre de la sequía, que obligó a la Confederación Hidrográfica del Duero a limitar el suministro de agua en la ciudad, lo que ha provocado problemas serios en el mantemiento de parques de Jardines, por ejemplo. El nuevo plan no solo prevé sitaciones de alerta y emergencia, sino también un trabajo en prevención en situaciones de normalidad que favorezca un uso más eficiente y racional del agua y ayude a evitar este tipo de episodios.
¿Han mostrado otras ciudades interés por este cambio?
Existe una tendencia global de aumento de experiencias de remunicipalización: de 3 casos en el año 2000 se pasó a 180 en 2014, distribuidos en 35 países. En Francia es muy significativo el caso de París, pero son cerca de 40 los municipios que han recuperado la gestión del agua en nuestro país vecino. En España hay decenas de casos, y no solo en localidades de pequeño tamaño: a diferentes ritmos, vemos cómo se están concretando ya la remunicipalización en ciudades como Tarrasa y Barcelona.
Creo que la tendencia continuará consolidando estos procesos: la falta de transparencia y control de las concesionarias o el encarecimiento de tarifas han hundido el mito de la eficiencia en la gestión privada y han llamado a muchos gobiernos a explorar la vía de la remunicipalización. Evidentemente, ver cómo en otras ciudades se ha desarrollado sin mayores problemas es un impulso para que la ciudadanía y los representantes políticos vean estas recuperaciones con normalidad y la tendencia remunicipalizadora pase de una cierta marginalidad política a ocupar el centro de los debates sobre municipalismo.
Sin duda Valladolid ha generado mucha expectativa e interés: actualmente, nuestra ciudad es el municipio más grande del país que recuperado la gestión pública del agua. En los últimos meses nos han llamado para participar en foros y jornadas en Oviedo, A Coruña, Tarrasa, Barcelona, Valencia, Menorca, Pontevedra, León… y muchos otros municipios de distintos tamaños han querido conocer nuestra experiencia o nos han pedido documentación sobre el proceso. Sin duda es un orgullo que Valladolid se haya convertido en un referente para otros procesos de recuperación de lo público y estamos encantados de colaborar en todo lo que seamos capaces.
