El Gobierno aprobará el martes un Real Decreto-ley tras recibir la garantía por escrito de que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción , y el próximo jueves, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) analizará además una rebaja del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la rebaja del IVA de las mascarillas al 4% durante el Debate de Totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2021,
Montero ha señalado que el Gobierno adopta esta decisión cuando ha logrado la confirmación por escrito de que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por aplicar un cambio legal que contraviene la directiva comunitaria del IVA.
La Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado viernes una carta a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea para preguntar si la normativa comunitaria vigente ampara una reducción del IVA a las mascarillas vendidas a particulares.
La Comisión Europea respondió este martes por la tarde confirmando que, como sostenía el Ministerio de Hacienda, la directiva comunitaria impide aplicar tipos reducidos a las mascarillas de venta al público. Sin embargo, y dada la situación extraordinaria, también traslada que no abrirá un procedimiento sancionador a España por rebajar el IVA de las mascarillas.
De hecho, la Comisión Europea apunta en su misiva que la aplicación de tipos reducidos o de exenciones a bienes para combatir la COVID-19 sí sería posible si hubiera prosperado ya la propuesta de reforma que la Comisión lanzó en 2018 sobre tipos de IVA reducidos. En este sentido, la Presidencia alemana retomará esta iniciativa y traslada que espera contar con el apoyo de España. Este mismo miércoles se abordará el tema en una reunión.
Durante su intervención en el Congreso, Montero ha señalado que, por responsabilidad, el Gobierno no podía aplicar una medida que contraviene la normativa europea sin tener garantías de que España no se verá condenada a pagar una multa por ello.
Por otra parte, la Comisión Europea está trabajando en una propuesta de modificación de la Directiva del IVA para que las vacunas y los test de detección puedan disfrutar de tipos reducidos. Si bien Hacienda propuso en su carta del viernes que se incluyeran también las mascarillas, la Comisión Europea considera difícil tal posibilidad porque no cuenta con consenso y recuerda que las mascarillas no son de uso exclusivo para combatir la COVID-19.
Reducción del precio
Asimismo, el próximo jueves, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) abordará en el orden del día una rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas.
El Gobierno fue uno de los primeros en la Unión Europa que reguló el precio de las mascarillas para evitar movimientos especulativos y contribuir a que el producto sea accesible para el conjunto de la población. La rebaja del IVA del 21% al 4% y la reducción del precio máximo de venta al público son dos medidas que generarán ahorro para las familias y facilitarían el acceso a estos productos.
En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda ha trabajado desde el inicio de la pandemia para facilitar y abaratar los productos sanitarios útiles para combatir o protegerse de la COVID-19.
Así, mediante el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se estableció la aplicación de un tipo impositivo del 0% hasta el 31 de julio de 2020 a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la pandemia, cuyos destinatarios sean centros hospitalarios, la Administración Pública o entidades sin ánimo de lucro. El IVA del 0% se aplica, por ejemplo, sobre mascarillas, geles desinfectantes y el resto de productos de protección personal.
Hacienda prorrogó en septiembre esta medida hasta el 31 de octubre y la ministra María Jesús Montero ha comunicado ya que se renovará nuevamente y con carácter retroactivo hasta el mes de abril del próximo año.
Una movilización de recursos sin precedentes
La ministra ha resaltado en su intervención que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha adoptado una batería de medidas para mitigar el impacto de la crisis en las familias y hogares y también en el tejido productivo. Para ello se han movilizado hasta 216.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que representa alrededor de un 20% del PIB. Unos recursos que han permitido desplegar una amplia red de seguridad con el objetivo de no dejar a nadie atrás.
En concreto, el Ejecutivo ha protegido la renta y los empleos de más de tres millones de trabajadores con los ERTES y también de 1,4 millones de autónomos con la prestación por cese de actividad. De hecho, durante el peor momento de la crisis una tercera parte de la población activa tuvo algún tipo de protección y se han logrado salvar medio millón de empresas.
Además, se han puesto en marcha medidas para garantizar la liquidez de las compañías con una línea de crédito del ICO de 100.000 millones de euros, que se ha destinado en un 98% a pymes y autónomos. También está en marcha otra línea de 40.000 millones para promover la inversión. Asimismo, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros.
El Gobierno también ha garantizado los recursos de las CCAA para combatir la pandemia mediante la creación del Fondo COVID con 16.000 millones de euros, que ha supuesto la mayor transferencia del Estado a las CCAA al margen del sistema de financiación. Unos recursos que las comunidades no tienen que devolver y que se distribuyen en función del impacto de la pandemia en la sanidad, la educación y en los ingresos autonómicos.
Defensa de los PGE 2021
Durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en el Congreso de los Diputados celebrado hoy, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido estas cuentas «de país», imprescindibles para salir de la crisis social y económica que ha provocado la pandemia.
Por ello, ha invocado a todos los grupos políticos presentes en la Cámara para que sean responsables y apoyen unas cuentas que, según ha reiterado, son unos Presupuestos transformadores del país, no de un Gobierno, que benefician a todos los ciudadanos. «Apoyar estas cuentas no es una adhesión ni un cheque en blanco al Ejecutivo, sino aparcar lo que sabemos que nos diferencia para centrarnos en lo importante y urgente, que es la salida de la crisis», ha insistido.
La titular de Hacienda ha destacado que estas cuentas, aprobadas el pasado 27 de octubre en el Consejo de Ministros, buscan dar «certeza, confianza y esperanza» frente a la crisis, para poder salir con unas bases de crecimiento «más sólido, justo y sostenible». Ha recordado su doble objetivo: avanzar en la modernización del sistema productivo y, al mismo tiempo, generar más cohesión social y combatir las desigualdades fortaleciendo el Estado del bienestar.
La ministra en su intervención en la Cámara Baja ha invitado a los grupos a practicar «la política con mayúsculas, la política útil», que soluciona los problemas de los ciudadanos. Por ello, ha hecho un llamamiento al acuerdo para aprobar estas cuentas y se ha mostrado abierta a estudiar las enmiendas que los grupos presenten para mejorar el texto a lo largo de su tramitación.
Ha insistido en la «anomalía» que supone tener unos PGE prorrogados desde 2018 que «no ayudan a la recuperación del país», por lo que ha pedido que se permita la tramitación de unos nuevos que «sean la respuesta extraordinaria que se requiere en un momento extraordinario».
María Jesús Montero ha rechazado la política de vetos cruzados y el hecho de que se descalifiquen las iniciativas, «no por su contenido, sino por quién las propone», frente a lo que ha apelado al diálogo y la responsabilidad de los grupos para llegar a acuerdos beneficiosos para los ciudadanos.
Motivos para apoyarlos
La ministra de Hacienda ha apuntado una serie de motivos por los que se deben apoyar estos Presupuestos. Por un lado, deben ser «palanca de la transformación social y económica» del país, apostando por la digitalización, la transición ecológica o la igualdad de género.
Por otro lado, ha indicado que estos PGE son también un «revulsivo» para fortalecer el Estado del Bienestar y la igualdad de oportunidades, y constituir una red de seguridad para las clases medias y trabajadoras del país, redistribuyendo la riqueza.
También ha recordado la importancia de estas cuentas como instrumento para canalizar los fondos europeos, y ha resaltado que estos PGE suponen la base de «un nuevo contrato social» para cerrar brechas de desigualdad, intergeneracionales y territoriales. La ministra ha señalado que son unos Presupuestos para dar esperanza a los jóvenes y protección a los más mayores.
Y todo ello sin dejar de lado el compromiso con la estabilidad presupuestaria, que se observa en estas cuentas en la reducción del déficit en 2021 hasta el 7,7%, lo que supone una bajada de 3,6 puntos, uno de los mayores descensos de la serie histórica. O la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, que no supone suspender la responsabilidad fiscal, pues la sostenibilidad de las cuentas públicas es «irrenunciable».
El mayor gasto social de la historia
Montero ha trazado las líneas generales de los Presupuestos para 2021. En ellos se aplicarán ajustes fiscales con la idea de recuperar progresividad, apoyar a las pymes en su internacionalización, inducir hábitos saludables y adecuarse a la realidad del siglo XXI, con el objetivo de que el sistema fiscal sea «más progresivo, más justo, más ecologista, más moderno y más acorde a los estándares europeos».
María Jesús Montero ha recordado que este Gobierno pretende abordar una reforma fiscal para recuperar la progresividad perdida en otras legislaturas y acercar a España a la media europea de ingresos fiscales por PIB. No obstante, esta medida debe acompasarse a la situación económica, por lo que la reforma se abordará a lo largo de la legislatura.
En materia de gasto, la ministra ha resaltado que son unas cuentas expansivas, con el mayor gasto social de la historia, con 239.765 millones de euros, lo que supone un aumento del 10%, incluyendo 8.988 millones de fondos europeos. Sin esos fondos, el gasto social también crece un 6%.
De esta forma, estos PGE incluyen «los mayores recursos que han existido para la sanidad pública, la dependencia, las pensiones, las becas al estudio o la lucha contra la pobreza infantil».
Montero ha puesto en valor que la inversión social crece «porque está en el ADN de este Gobierno progresista y por los recursos europeos destinados a la cohesión social». Y ha respondido a los que la acusan de despilfarro citando a los organismos internacionales, que consideran que es el momento de gastar «para impulsar a la economía y no repetir el error de la crisis financiera».
Ha resaltado algunas partidas que ahondan en el fortalecimiento del Estado del Bienestar, al mismo tiempo que son también palanca de transformación para sentar las bases del modelo productivo, que marque las próximas décadas.
En su intervención ha enumerado las partidas destinadas a sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, empleo, cultura, industria y energía, pymes y comercio, el turismo, los autónomos, apuesta por la I+D+i, la digitalización o las infraestructuras.
Importancia de las ayudas europeas
La ministra ha resaltado la importancia de los recursos que han puesto en marcha las instituciones europeas para hacer frente al impacto socioeconómico y sanitario de la pandemia, donde a España se asignan 140.000 millones, entre transferencias y préstamos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, de los que 26.634 millones se incorporan en los Presupuestos sometidos a debate.
Montero ha apuntado que, de los más de 26.000 millones, en torno a la mitad se transferirán a las entidades territoriales. Son 1.489 millones para entidades locales y 10.793 para las CCAA, a los que hay que sumar otros 8.000 del REACT-EU, que no aparecen en los PGE por integrarse directamente en los autonómicos. Ello evidencia el compromiso de este Gobierno con las administraciones territoriales y su concepto de Estado autonómico y de colaboración institucional.
En definitiva, la responsable de Hacienda ha resaltado que se trata de «unas cuentas extraordinarias» donde «todos los colectivos pueden verse reflejados». Por ello, ha demandado a todos los grupos que estén a la altura y les ha vuelto a pedir apoyo para sacar adelante estos Presupuestos que constituyen la «palanca» para afrontar los cambios estructurales y necesarios en este país. «No se trata de volver a como estábamos antes de la crisis, sino de mejorar y superar la situación previa e impulsar los cambios estructurales que España necesita», ha apuntado.
