El Consejo Económico y Social (CES) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en Órganos de Decisión, aunque considera que el texto podría haber sido «más ambicioso» en relación con las instancias decisorias del sector público, y aspirar a la paridad, más que la presencia equilibrada de ambos sexos.
Según se desprende del dictamen emitido por el Pleno del CES, dado a concoer este martes, «la eliminación de las desigualdades entre ambos sexos es un objetivo que debe perseguirse en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en aquellos en los que por su influencia e impacto social han de servir de referente para los demás, como son los procesos de toma de decisión».
En este sentido, a juicio del CES, constituye «un gran avance que con esta norma se transite del ámbito de las meras recomendaciones o buenas prácticas al establecimiento de obligaciones, con el fin de progresar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los órganos de decisión política y económica».
No obstante, el CES considera que el texto «podría haber sido más ambicioso en relación con las instancias decisorias del sector público, y aspirar a la paridad, más que la presencia equilibrada de ambos sexos, entre las personas titulares de las Vicepresidencias y los Ministerios, así como en los nombramientos y designaciones de las personas titulares de los órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal».
Además, el CES considera que «la elaboración de proyectos normativos que, como éste, inciden en principios, valores y derechos con proyección en ámbitos de interés económico y social, debería abordarse en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales».
El anteproyecto de ley de paridad fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 7 de marzo por el Gobierno en primera vuelta y establece que las mujeres deberán representar al menos el 40% de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas antes del 1 de julio de 2024, y de los puestos de alta dirección.
Además, las grandes empresas no cotizadas y las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros, también deberán contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, aunque, dado el diferente punto de partida, estas empresas tendrán un plazo adicional hasta julio de 2026.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal, según ha informado el Ministerio de Presidencia.
Por otra parte, en su dictamen, el CES llama la atención «sobre que la consulta a este órgano por el procedimiento de urgencia de forma reiterada, e independientemente de las características y los fines de la iniciativa normativa, corre el riesgo de convertir a ésta en un trámite meramente formal, al menoscabar, dificultándola, una participación eficaz de las organizaciones representadas en este Consejo, y en definitiva de desnaturalizar la función consultiva económica y social».
Por ello ve aconsejable, a su juicio, «llevar a cabo una revisión del texto del Anteproyecto a fin de adecuarlo a un lenguaje inclusivo y no sexista, sobre todo teniendo en cuenta la materia y contenido de la iniciativa».
A FAVOR DE LAS ‘LISTAS CREMALLERA’
El dictamen del CES también hace «una valoración positiva» en relación con el establecimiento con carácter obligatorio de las denominadas ‘listas cremallera’, por constituir una medida «que evita que las actuales
reglas de ‘cuotas’ en los sistemas electorales sean meramente simbólicas o queden vacías de contenido, esto es, que solo un número reducido de mujeres sean elegidas como consecuencia de que la mayoría de las candidatas aparezcan en los últimos puestos de las listas electorales».
Esta medida, en opinión del CES, va a permitir «avanzar sustantivamente en la mejora de la representación de las mujeres en el ámbito público o político».
También destaca que el texto mejore la directiva europea sobre la norma del 40% del sexo menos representado en los consejos de las cotizadas que las sociedades cotizadas «deberán asegurar», además de valorar positivamente las modificaciones que afectan a los Colegios Profesionales, «teniendo en cuenta la baja presencia de las mujeres en los órganos de decisión» de dichos colegios.
Por todo ello, el CES valora «positivamente el Anteproyecto ya que comparte plenamente su determinación de profundizar y avanzar en la realización efectiva de la igualdad de mujeres y hombres en los ámbitos decisorios de la vida política, económica y pública, mejorando la calidad democrática de nuestra sociedad, todo ello sin perjuicio de las observaciones generales y particulares formuladas».
EUROPA PRESS / Fotografía: Gobierno de Aragón
