La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el Vicepresidente Segundo y Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López se han reunido con representantes de las federaciones sindicales de UGT-FICA, CCOO de Industria y CIG, a los que han trasladado la decepción de ambos Gobiernos ante lo que consideran como mala fe de Alcoa.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el Vicepresidente Segundo y Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López se han reunido telemáticamente con representantes de las federaciones sindicales de UGT-FICA, CCOO de Industria y CIG, a los que han trasladado la decepción de ambos Gobiernos ante lo que consideran como mala fe de Alcoa, que decidió romper las negociaciones para vender a la británica Liberty House apenas una hora antes de que finalizara el plazo establecido para llegar a un acuerdo.
La compañía norteamericana ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, tanto desde el comprador interesado, Liberty House, como del propio Gobierno de España, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta a través de la SEPI, para venderla inmediatamente a continuación a los británicos de Liberty.
Esta última posibilidad surgió a raíz de que Alcoa rompiera las negociaciones directas con Liberty el pasado martes. Se trataba de una operación novedosa e impecable, que cumplía todos los requisitos legales tanto españoles como a nivel comunitario.
Tanto Maroto como Conde han emplazado a Alcoa a, antes de la reunión de hoy lunes a las 9.30 horas, «reflexionar sobre las consecuencias que su decisión tendrá para sus trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña en su conjunto», y aceptar alguna de las soluciones que el Gobierno le ha ofrecido para salvar los puestos de trabajo de la factoría de Lugo.
Ambas administraciones han mantenido desde el principio que sí es posible alcanzar un acuerdo que dé continuidad a la producción de aluminio primario en la planta y a los puestos de trabajo. No existen argumentos que puedan justificar una decisión que perjudica a todas las partes, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa San Cibrao y de la industria auxiliar.
El Gobierno y la Xunta seguirán trabajando para llegar a un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y las capacidades productivas de la planta, con el objetivo de que no se pare la producción.
