Nicolas bardio
Las elecciones catalanas del 21 de diciembre, realizadas bajo el Artículo 155, arrojaron unos datos muy similares a los de las elecciones catalanas de 2015. Desde luego, ha habido un cambio en la composición de los bloques: Muchos señalan que tanto en el bloque independentista como en el bloque del régimen del 78, los electores han apostado por las fuerzas que entendían más proclives al diálogo y al entendimiento y menos por las que responsabilizan del clima de confrontación.
Así, las CUP en un bloque y el PP en el otro son los grandes damnificados de las elecciones, en favor de ERC/JxC y de Ciudadanos respectivamente. El PSOE apenas ha avanzado un único escaño y Els Comuns han visto retroceder los datos ya escasos de Catalunya Sí Que Es Pot, la coalición que había montado el espacio que no es ni 155 ni DUI en las anteriores elecciones.
El parlamento está igual de polarizado que antes, ha habido un retroceso en escaños del bloque independentista pero sigue ganando tanto en votos como en escaños al bloque que representan PP-C’s-PSOE. En un artículo anterior señalábamos cómo el 155 era sólo dar una patada al problema para encontrárnoslo después de las elecciones, y he aquí que ese es el panorama que nos encontramos ahora.
La economía es volátil por definición y los vaivenes políticos tienen la capacidad de afectarla mucho (y casi siempre negativamente). Es por ello que varias fuentes coinciden en afirmar que la crisis catalana ha tenido un impacto en diversas empresas. Muchas de ellas se han ido a iniciativa propia, por causas políticas o económicas, y a otras se les ha sugerido irse desde ciertas instancias políticas que más adelante, con el 155 ya aplicado, les han sugerido volver.
Según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Economía, el 155 habría frenado la supuesta fuga de empresas catalanas de gran y pequeño tamaño. Esto no es algo difícil de creer, ya que el 155 ofrece una estabilidad a cualquier inversor: Es un acto político que mandaba un mensaje de tranquilidad económico y que decía «esto va a seguir bajo control». El problema de esta aplicación del 155, que a corto plazo parecía que, efectivamente era una solución, no lo es ahora tanto.
¿Y por qué? Muy sencillo. El 155 se nos había explicado como un mecanismo para restaurar la legalidad constitucional que la DUI había roto y se nos presentaban las elecciones del 21 de diciembre como un elemento clave para restaurar la legalidad constitucional y que todo «volviese a ser como antes» del Procès. Se pensaba, en esa época, y las encuestas a veces parecían acompañar, que era posible la victoria del bloque del 78 sobre la del bloque independentista. Nada de esto se ha producido, y las incertidumbres son ahora mayores y múltiples.
¿El independentismo abogará por la DUI, una estrategia que se ha mostrado fracasada y de la que el mayor exponente es el único de los tres partidos del bloque independentista que ha sido castigado por los electores? ¿El Gobierno de España volverá a aplicar un 155 para volver a hacer elecciones una y otra vez como en un día de la marmota? Está claro que la incertidumbre es ahora mayor de lo que lo era antes de las elecciones y las incógnitas son tantas y tan variadas que esto va a afectar a la economía de forma decisiva.
El proyecto independentista, además, arroja muchas otras dudas en la esfera económica que hasta el momento no estaban presentes. Así, hay una desafección creciente dentro del independentismo hacia la Unión Europea no sólo por el hecho de que la Unión Europea no ha apoyado la DUI ni defendido la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sino que tampoco ha hecho la más mínima condena (salvo unos pocos estados) de las violentísimas cargas policiales del 1 de Octubre.
La perspectiva de una salida de la Unión Europea sería nefasta en términos económicos a corto plazo para el tejido empresarial catalán. Así, paradójicamente, mientras otras comunidades autónomas españolas sí que podrían beneficiarse de la salida de la Unión Europea y así tener una moneda más devaluada que les permita ser todo lo competitivas que ahora no son, en Cataluña la situación sería la inversa. Y es que Cataluña es una de las comunidades autónomas españolas más competitivas de todas y la salida del Euro no tendría por qué afectarles positivamente.
Además, la salida de la Unión Europea no sería solamente la salida en términos de abandono del Euro, sino también de todo el mercado y el marco legal que se aplica al intercambio de bienes, mercancías y servicios entre los estados miembros de la Unión Europea, y que dejaría a Cataluña, de optar por esta vía, fuera de todo ese entramado y al margen de los principales mercados tanto de capitales como de bienes y servicios.
Muchos de los productos y bienes que se venden en la Unión Europea están homologados y se venden en función de unas normativas que sería muy difícil cumplir si Cataluña estuviese fuera de la Unión Europea y, además, tuviese que hacer frente a los posibles aranceles y cargas fiscales a las importaciones y exportaciones, lo que provocaría que una empresa situada en Cataluña tuviese que hacer frente a todas estas complicaciones derivadas del hecho de abandonar el mercado común europeo.
Desde luego, ante esta perspectiva, cabe destacar también que el Parlamento de Cataluña tiene ante sí la tarea de investir a un nuevo presidente y de que, según cómo se desarrolle todo este proceso – que se preve lento y costoso, por la situación de excepción en la que se encuentran dirigentes y diputados electos como Puigdemont u Oriol Junqueras, puede arrojar muchas luces sobre cuál va a ser la continuación de este proceso.
Está claro que el bloque independentista ha vencido en las elecciones con un programa claramente independentista, pero en esta ocasión, a diferencia de 2015, no ha abogado por hacer público ningún calendario ni ninguna hoja de ruta, después de que la hoja de ruta de la DUI demostrase ser un papel mojado que ha llevado a Cataluña no a la independencia, sino a una declaración de independecia a media voz y por la puerta de atrás (no olvidemos que los diputados independentistas votaron la declaración de independencia amparados bajo el anonimato de un voto secreto).
En cambio, la investidura de un nuevo presidente implicará forzadamente la elaboración de un discurso de investidura que arrojará luz sobre cuál es el devenir que espera a Cataluña y, en función del programa que el presidente electo detalle y las reacciones que tengan a este programa el resto de poderes del estado y, especialmente, el Gobierno de Mariano Rajoy, podremos establecer un pronóstico de cuán estable va a ser la legislatura. Hoy todas las opciones están sobre la mesa, pero en un par de semanas todo parecerá bastante más claro de lo que está ahora.
