El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha expuesto, durante un reunión, medidas excepcionales para garantizar la salud de la plantilla y los operadores y afrontar la especial afluencia de asuntos por efecto del confinamiento.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido con los principales sindicatos de la Administración de Justicia. El ministro ha valorado y reconocido el esfuerzo de los funcionarios durante la crisis del COVID-19 y les ha pedido un compromiso adicional para lo que queda del estado de alarma y los tres meses posteriores. «La situación es grave, este país os necesita», les ha dicho el ministro.
El ministerio de Justicia está diseñando en colaboración con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía, la Procura y los graduados sociales, una hoja de ruta consensuada que incluye medidas urgentes y extraordinarias de calendario, movilidad y jornada.
Campo ha asegurado que la salud de todos los funcionarios y operadores que desarrollan su labor en los juzgados y tribunales es la principal prioridad del ministerio y las comunidades autónomas competentes. Por ello ha mostrado su compromiso con seguir dotando a todos los trabajadores con las necesarias medidas de protección personal con el objetivo de minimizar al máximo los posibles contagios que se puedan producir.
Con ese mismo ánimo, el ministro se ha referido a la distancia que, para evitar la propagación del virus, deberá mantener la plantilla en su futura vuelta al trabajo. Por eso ha planteado que la jornada laboral actual se divida en turnos de mañana y tarde. La adscripción a los distintos turnos se haría de modo voluntario y negociado.
El ministro también ha planteado las posibles dificultades para cubrir todas las plazas debido a la necesaria distancia, la incidencia de la enfermedad o la pertenencia de los trabajadores a los distintos grupos de riesgo. Por esa razón ha planteado autorizar la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y siempre en la misma localidad en la que se encuentren destinados, una medida también sometida a negociación.
Por último, se ha referido a la necesidad de habilitar algunas semanas de agosto para sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el levantamiento del estado de alarma. El Gobierno se ha comprometido a aprobar planes de choque en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como en los juzgados de lo Mercantil.
Junto al ministro, han asistido al encuentro el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, que, además de esos planes de choque, han explicado el resto de instrumentos que configurarán la hoja de ruta para la salida de la crisis consensuada con todas las administraciones competentes en Justicia (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, comunidades autónomas con competencias de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española) y les han invitado a enviar sus propuestas.
Por parte de los sindicatos han participado en el encuentro Luis Calero (Comisiones Obreras), Javier Jordán (CSI-CSIF), Victoria Carrero (UGT), José Luis Fernández (STAJ), Imanol Oyarzabal (ELA) y Jesús Sánchez (CIG).
