El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Campo ha pedido a la Cámara un ejercicio de «responsabilidad colectiva» en la convalidación de la norma que «no es un decreto del Gobierno sino de todo el sector Justicia», elaborada desde el consenso para atender cuestiones «de extraordinaria necesidad y urgencia que afectan a un servicio público esencial». «Es la hora de la corresponsabilidad y la cogobernanza y la sociedad nos exige un esfuerzo excepcional», ha dicho.
El ministro ha señalado que la norma es necesaria para el conjunto de la ciudadanía y supone una pieza más del engranaje «colectivo e institucional» para responder con eficacia a la crisis y reactivar la Justicia tras el parón de actividad.
Durante su intervención, Campo ha pedido a los representantes políticos «responsabilidad y lealtad con los mecanismos de coordinación y cogobernanza que todos hemos aceptado en el sector Justicia» y ha agradecido las «aportaciones y actitud dialogante» de las Consejerías de Justicia y sus responsables que han permitido generar una respuesta común en aspectos clave.
En este sentido, el ministro ha señalado que desde el inicio de la crisis su departamento ha promovido activamente el diálogo y la participación como «principales herramientas para la búsqueda del consenso y la coordinación». Prueba de ello, es la constitución de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia, en la que se ha trabajado «con lealtad y determinación» con las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio Fiscal y el Consejo General de la Abogacía. Campo ha subrayado que también se ha escuchado a todos los colectivos de profesionales del sector procurando su participación «real y efectiva».
Garantía de la tutela judicial efectiva
El ministro ha indicado que, a pesar de la notable ralentización que ha sufrido la actividad judicial como consecuencia de la crisis, «la Justicia no ha cerrado» y se han mantenido servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva. No obstante, se calcula que durante el periodo de alarma, las oficinas judiciales habrán reducido su trabajo al 20%, por lo que, con la vuelta a la normalidad, al volumen de litigiosidad normal, se sumará un 80% de trabajo que ha quedado pospuesto, además de los asuntos provocados por la crisis. Por eso, ha defendido el ministro, las medidas que contiene el Real Decreto-ley «son clave para los próximos meses y años».
Además, ha señalado la obligación que tiene el Gobierno «de poner todos los medios para reducir al máximo el impacto económico y social que nos golpeará durante los próximos meses» y hacer de la Justicia «un motor dinamizador de la economía». Según las previsiones del Ministerio de Justicia, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social será en 2020 de hasta un 31%; en el ámbito civil, oscilará entre el 30% de 2020 y el 145% en 2021, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa, se estima un incremento del 35% para 2020 y del 125% en 2021.
Medidas organizativas y de seguridad laboral
En relación a las medidas contenidas en el Real Decreto-ley, el ministro ha subrayado que su contenido «no afecta a ninguna materia reservada a ley orgánica» como deja claro la doctrina del Tribunal Constitucional. Entre sus medidas organizativas, Campo ha destacado la creación de Juzgados COVID-19 para reforzar los asuntos generados por la crisis, el establecimiento de refuerzos por parte de jueces de adscripción territorial y letrados de la administración de justicia en prácticas y la movilidad del personal entre órganos judiciales.
Sobre la habilitación de los días 11 a 31 de agosto, el ministro ha calificado la medida de «necesaria» para retomar la actividad y poner al día el servicio, y de «ejemplo de cogobernanza» porque responde a las propuestas de diversos sectores, incluidas muchas comunidades autónomas. Justicia y el CGPJ están trabajando para implementar esa habilitación excepcional sin perjudicar a los profesionales del sector. Campo ha subrayado que, como ocurre con otros sectores de la actividad, la Justicia «no puede permitirse reducir su actividad un mes entero».
En cuanto a las medidas de seguridad laboral, el Real Decreto-ley prevé el establecimiento de turnos de trabajo de mañana y tarde, con carácter voluntario, para mantener el distanciamiento social. Con esta misma finalidad, se limitará el acceso a las salas de vista y, simultáneamente, se reforzará la atención al público por vía telefónica y correo electrónico. Entre las medidas tecnológicas, se destacan las modificaciones legales para facilitar el fomento del teletrabajo y el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales. Respecto al ámbito concursal y societario, se prevén medidas que tienen especial incidencia en la recuperación social y económica del país.
Desescalada
El Real Decreto-ley es el primer peldaño de la hoja de ruta para la desescalada en la Justicia, cuya primera fase se activó este martes, en la que se prioriza la reactivación del servicio «con todas las garantías necesarias para salvaguardar la salud de profesionales y usuarios», ha señalado el ministro.
La hoja de ruta contempla además la elaboración de un proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas para mejorar el funcionamiento del servicio público y afianzar su transformación digital. Asimismo, la norma apostará por la mediación como la forma más adecuada para resolver muchos conflictos.
Finalmente, el Gobierno pondrá en marcha planes de choque en las distintas jurisdicciones para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas.
