La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio sobre la exclusión financiera en el mundo rural cuya principal conclusión es que en España alrededor de 1.400.000 personas se encuentran en grave riesgo de exclusión financiera al no poder acceder por diferentes razones a los servicios bancarios.
El estudio ha sido realizado a cabo gracias a la financiación del Ministerio de Consumo, que ha permitido realizar una encuesta a 2.007 individuos de municipios de menos de 5.000 habitantes que constituyen una muestra representativa de la población de esos municipios.
Los resultados del estudio señalan que en la población mayor de 65 años y residente en municipios de menos de 5.000 habitantes confluyen los factores de riesgo de exclusión financiera, como son la ausencia de oficinas bancarias o la falta de capacidades y destrezas digitales para operar en cajeros o por internet. En España 1.400.000 personas tienen estas características.
El proceso de cierre de oficinas iniciado en 2008 ha provocado la desaparición de 24.741, y ha afectado al 42% de los habitantes de municipios pequeños. Un 20% de estos municipios carece de oficina bancaria. Esta falta de oficinas provoca serios inconvenientes a los vecinos que se ven obligados a desplazarse 10,6 km de media o pagar más comisiones para acceder al efectivo. Las desigualdades regionales también están presentes; el 38% de los habitantes de pequeños municipios de Castilla y León no disponen de ninguna oficina bancaria frente al 5% de Andalucía.
La encuesta indaga sobre el uso de efectivo y la utilización de tarjetas de crédito. Los habitantes de pueblos pequeños son claramente más reacios al uso de tarjetas al igual que al uso de internet y compras online, donde la edad es el factor determinante. El 40% de los mayores reconoce que la falta de conocimiento o destrezas es el principal motivo por el que no se usa. A distancia le sigue la falta de confianza en la seguridad.
De las conclusiones del estudio se desprenden las siguientes recomendaciones para evitar la exclusión financiera de una parte importante de la población:
- Garantizar el acceso a los servicios bancarios. Es necesario mantener una infraestructura física viable que incluya servicios bancarios esenciales. Es necesario que determinados servicios, como el acceso al efectivo tenga la consideración de “Servicio Universal” para garantizar el acceso a la población, como ocurre en otros servicios (telecomunicaciones o postales).
- Desarrollo de tecnologías inclusivas. Las entidades deben desarrollar tecnologías inclusivas que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera similar a la de oficinas (identificación biométrica, videollamadas, comandos de voz).
- Mejorar la protección y seguridad de los mayores. A la falta de seguridad y de habilidades digitales, el miedo al fraude o a cometer errores se suma la dependencia de terceros para realizar operaciones bancarias. El abuso financiero es la segunda causa de abuso en mayores. Es necesario desarrollar una normativa específica para proteger a las personas mayores y la creación en dependencias públicas equipos informáticos y entornos seguros para la realización de operaciones bancarias.
- Programas de alfabetización digital y financiera. Es necesario proporcionar a las personas mayores conocimientos prácticos para alcanzar habilidades digitales y financieras básicas que les permitan en la medida de lo posible manejar sus finanzas evitando la exclusión o la dependencia de terceros.
