La Organización de Consumidores (OCU), junto con las asociaciones miembro del grupo Euroconsumers, (Altroconsumo, Deco Proteste y Test-Achats) van a demandar a Apple en una acción coordinada.
OCU considera probado que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” lo que los empujó a cambiar de modelo.
OCU considera que Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores a renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico.
Reacciones en otros países
El 29 de mayo de este año, el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmó, en una decisión histórica, la multa de 10 millones de euros que fue inicialmente impuesta en octubre de 2019 por la Autoridad de la Competencia Italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) en relación con las implicaciones para el rendimiento del iPhone de la actualización de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS. El Tribunal identificó el comportamiento de Apple como una práctica injusta y agresiva.
Esta acción deliberada constituyó la base de una demanda colectiva en los Estados Unidos que Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente por un monto total de 500 millones de dólares que la citada compañía pagará a los consumidores afectados.
Apple ha aceptado pagar una multa en Francia de 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude franceses hayan concluido que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil. Para este organismo oficial francés, las lagunas en la información que dio la multinacional estadounidense sobre la actualización del sistema iOS constituyeron «una práctica comercial engañosa por omisión». Hay otras demandas en curso en Australia e Israel por el mismo motivo.
La Organización de consumidores y usuarios considera que tanto esta sentencia como los acuerdos extrajudiciales implican una conducta por parte de Apple que se puede tachar de “obsolescencia programada” con el objetivo de incrementar el reemplazo de los viejos modelos de iPhone 6. Esta conducta ha causado un daño similar para todos los consumidores independientemente del país de procedencia de cada uno.
Acción de OCU
En un intento por lograr una compensación similar para los propietarios de los iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus de Apple en Europa, OCU, a través de Euroconsumers, se ha dirigido en múltiples ocasiones a Apple. Desafortunadamente, estos intentos de encontrar una solución amistosa en beneficio de los consumidores no condujeron a una solución satisfactoria.
OCU considera que los consumidores de Bélgica, Italia, España y Portugal merecen ser tratados con el mismo respeto y justicia que los estadounidenses, y que no se puede permitir una actividad dañina y medioambientalmente irresponsable como la obsolescencia programada.
Por ello la Organización de Consumidores y Usuarios presenta hoy una acción legal contra Apple por la obsolescencia programada del iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus. La base legal de la acción son las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas. OCU considera que Apple ha actuado de manera ilegal: ha ocultado información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Consumo, pues la información es un derecho básico de los consumidores y usuarios.
OCU considera que Apple debe compensar a los usuarios de modelos iPhone 6, 6s, 6 Plus y 6s Plus no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca. Solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesta en marcha una campaña para solicitar no solo el apoyo directo de los usuarios afectados que quieran conseguir su compensación, sino de todos aquellos consumidores que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos.
OCU lleva batallando contra la obsolescencia prematura durante muchos años, (PROMPT), sin embargo, la obsolescencia programada va más allá de esta problemática. No sólo representa una práctica deliberadamente desleal para los consumidores que causa frustración y daño financiero, desde el punto de vista ambiental también es totalmente irresponsable, aumentando el número de desechos electrónicos que también están entre los más contaminantes. Una economía sostenible y una transición verde justa son más necesarias que nunca.
