Si eres uno de los afectados por la quiebra de las clínicas dentales Dentix, únete a la plataforma de afectados creada por FACUA para asesorar y defender a los pacientes. Puedes sumarte en esta web, cuya URL es FACUA.org/afectadosdentix, pulsando aquí.
Dentix arrastraba problemas de financiación desde el año 2018, debido a un modelo de negocio basado en la fuerte expansión y los créditos al consumo. A mediados de 2020, tras el cierre vinculado a la finalización del estado de alarma, Dentix reabrió un reducido número de sus más de 350 establecimientos en toda España para continuar una parte de los tratamientos de sus pacientes. Pero la empresa ha acabado declarando el concurso de acreedores acogiéndose a la ley de protección de quiebras ante su incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores.
FACUA viene recibiendo multitud de peticiones de asesoramiento por parte de los pacientes, a los que distintas entidades financieras reclaman el pago de los préstamos gestionados por Dentix para la financiación de sus tratamientos pese a que llevan meses paralizados o ni siquiera se iniciaron.
A estas irregularidades se suman los casos que la asociación está recibiendo de afectados por mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios y la falta de atención adecuada.
Las últimas entidades con las que Dentix estaba facilitando la contratación de préstamos son Abanca, Cetelem, Pepper y BBVA. Hay afectados que firmaron estos préstamos vinculados con Sabadell y la antigua Evo Finance, ahora denominada Spymp (Servicios Prescriptor y Medios de Pagos). La empresa también asumió la continuación de parte de los tratamientos de las desaparecidas clínicas iDental, con préstamos vinculados a diferentes entidades.
Inacción del Gobierno
FACUA critica que más de dos años después de que estallase el escándalo iDental, ni el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el actual hayan realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.
En este sentido, FACUA recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados.
La asociación indicaba que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.
Además, FACUA reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma. FACUA recuerda que Dentix fue una de las cadenas odontológicas que se ofreció para continuar los tratamientos de los afectados por el cierre de iDental.
También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.
Cierres de grandes cadenas
En los últimos años se han sucedido los cierres de numerosas cadenas de clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. Buena parte de las clínicas que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes y dudosas campañas publicitarias de captación clientes-pacientes.
La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han derivado en el cierre y caída sobrevenida de buena parte de estos negocios.
Cierres desordenados, sin previo aviso ni a autoridades sanitarias ni a pacientes, que dejan indefensos a usuarios que se encuentran, de un día para otro, desamparados y abandonados, con tratamientos dentales inacabados, incompletos, mal ejecutados, servicios prestados que quedarán sin garantía, daños causados por negligencias profesionales y uso de materiales de baja calidad, pérdida de sus historias clínicas y préstamos firmados con bancos y financieras a los que hacer frente.
Las demandas de FACUA
FACUA viene reclamando al Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias autonómicas más garantías para los usuarios, reforzando la regulación de las clínicas dentales y los requisitos para su apertura y funcionamiento. La asociación exige controles eficaces que conlleven sanciones ejemplarizantes y la adopción de medidas cautelares que protejan realmente la salud y la seguridad de los usuarios así como sus intereses económicos.
Estas son las principales reivindicaciones de FACUA sobre el sector de las clínicas dentales:
– La obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil que cubran el riesgo de cierre y ofrezcan garantías ante la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores.
– Información pública de fácil acceso de todos los datos identificativos y de relevancia para el consumidor de las clínicas dentales, odontólogos responsables de los servicios y seguros de responsabilidad civil y su publicidad en los registros existentes en las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad.
– Garantías de acceso y recuperación de las historias clínicas, desarrollando la Ley 41/2002 y previendo el destino y conservación de las historias clínicas en caso de cierre del establecimiento.
– Regulación de la publicidad sanitaria.
– Obligatoriedad de controles e inspecciones periódicas de las autoridades regulatorias, procedimientos sancionadores efectivos y disuasorios y adopción de medidas preventivas.
– Publicación y máxima transparencia de sanciones impuestas, tanto en el ámbito de consumo como de salud. La administración debe tomar cartas en el asunto de una vez y no permitir que la atención sanitaria se convierta en una mercancía más, abandonando al consumidor en la selva de negocios especulativos y fraudulentos.
