Si en algo coinciden los expertos sanitarios es que cualquier tarea que podamos realizar online desde casa contribuye decisivamente a reducir el riesgo de contagio por coronavirus. El teletrabajo ha supuesto un gran avance en este sentido, igual que la posibilidad de comprar vía internet. Ahora bien, ¿y las administraciones públicas, están preparadas para facilitar las gestiones online? Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado en la revista Dinero y Derechos 180, apunta que se ha avanzado mucho en este sentido, especialmente mediante el uso del DNI electrónico.
Desde el 2006 todos los DNI expedidos son electrónicos. O lo que es lo mismo, llevan chip, lo que permite a cualquier ciudadano conectarse digitalmente a la Administración para realizar multitud de gestiones, incluida la firma de documentos de forma remota. Es más, los DNI expedidos a partir de 2015, también conocidos como DNI 3.0 y que se distinguen por tener el chip en el reverso, incluyen la tecnología NFC, lo que combinado con las apps que los diferentes organismos públicos van desarrollando, permite su uso mediante un móvil que también disponga de esa tecnología.
Para usar un DNI electrónico es imprescindible activarlo. La buena noticia es que es relativamente sencillo. Si es anterior a 2015, deberá introducir el DNI en la ranura del lector de tarjetas del ordenador; en el caso de que no tenga lector integrado, necesitará uno externo que cumpla con el estándar ISO 7816 (desde 30 euros). Luego basta con teclear www.dnielectronico.es, abrir “Cómo utilizar el DNI”, pulsar “Verificar que funciona”, después “FNMT” y por último “Solicitar verificación”. Le pedirá el PIN que le dieron cuando renovó el DNI. Una vez introducido, estará listo para realizar cualquier gestión.
Hablamos de gestiones tan útiles como dar de alta a un empleado del hogar, pedir una beca, conocer el importe de la futura pensión, presentar la declaración de la renta, etc. Puede hacerse una idea en www.060.es. Aunque aún hay trámites básicos, como domiciliar el recibo del IBI, que solo pueden realizarse algunas webs municipales. Y otros que requieren identificaciones alternativas, como el certificado electrónico o el sistema Clave PIN. Por eso OCU solicita a las administraciones ampliar el uso del DNI electrónico a un mayor número de gestiones útiles, limitando el uso de identificaciones añadidas a las gestiones más delicadas.
Además, OCU advierte a los ciudadanos que al introducir en el buscador determinados certificados, como el de matrimonio, entre los primeros resultados pueden aparecer webs con nombres que suenan oficiales, pero corresponden a gestorías privadas. Con su lenguaje ambiguo consiguen que mucha gente pague 20 o 30 euros por documentos que son gratuitos o mucho más baratos si se piden directamente a la Administración.
