Desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA, como organización empresarial que representa a 315.000 restaurantes, bares, cafeterías, pubs y alojamientos de todo el país, junto con las asociaciones provinciales de hostelería a las que representamos, instamos a la comisión tripartita de seguimiento del acuerdo laboral de defensa del empleo frente a la pandemia Covid-19 medidas de carácter compensatorio, tanto sobre las empresas como el empleo, ante las situaciones de cierre o restricción total o parcial de la actividad que se están produciendo en distintos puntos de la geografía.
Desde el sector hostelero queremos manifestar que el grado de afectación de la actividad, la destrucción de empresas y empleo es máximo. Por un lado, las circunstancias limitativas de la actividad, las restricciones de movilidad y el miedo sanitario han hecho que la actividad se resienta y ponga en situación crítica a todo un sector que englobaba 315.000 empresas y 1,7 millones de empleados antes de la crisis sanitaria. De hecho, prevemos que 65.000 negocios hosteleros van a desaparecer en 2020, mientras que la pérdida de empleo podría ser de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. A todo esto, ahora se suma la grave crisis económica derivada de la pandemia, que ha supuesto un desplome añadido del consumo de los hogares y empresas.
En estos momentos, se están produciendo rebrotes que han llevado a varios gobiernos autonómicos a decretar la limitación, e incluso el cierre, de actividades que afectan al sector hostelero. Es el caso concreto de ocho municipios en Lleida (comarca del Segriá), incluida la capital, y el municipio de Totana, en la Región de Murcia. En ambos casos, tomados como ejemplo, se decretan cierres de establecimientos hosteleros, obligando a los negocios a cerrar y a llevar a todos los trabajadores al ERTE. En los decretos en los que se dictan estos cierres o restricciones no se hace referencia a medidas de carácter compensatorio sobre las empresas o el empleo, tal y como se puede observar en la Resolución INT 1607/2020, de 4 de julio, Generalitat de Catalunya y la Orden de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, BORM. 169 de 23 de julio de 2020.
En este contexto, queremos manifestar la necesidad de aplicar medidas concretas de defensa del empleo, siempre que se produzcan situaciones de cierre o restricción total o parcial de la actividad. Por ello, solicitamos que se revise el sistema de aplicación de medidas de apoyo al empleo, tanto para las personas trabajadoras como para los autónomos, y se amplíe la protección al 100% en todas las empresas mientras dure el cierre decretado, complementando la cobertura que el RDL 24/2020 de 26 de junio estableció en la Disposición adicional primera, 2. De igual manera, pedimos que se proceda a la cobertura de los autónomos, tal y como se aplicó a los periodos de cierre total decretados durante el estado de alarma.
Consideramos que, en estos momentos, la limitación de recursos no puede ser excusa para apoyar a las empresas y defender el empleo, puesto que las CCAA disponen de fondos de aplicación al refuerzo del sistema y las medidas sanitarias. Precisamente las CCAA están aplicando medidas cuyo contexto es 100% sanitario y, por ello, tanto desde el gobierno central como desde las CCAA se debería contemplar, cada vez que se produzcan medidas restrictivas a la actividad económica, destinar parte de esos fondos a complementos de recursos que preserven el empleo.
Por otro lado, una vez más, reclamamos a la Administración comunicación constante y fluida con los sectores de actividad, así como planificación conjunta y previsión, a la hora de determinar las restricciones. Una mayor planificación podría evitar tomar medidas como los cierres de actividad y, por consiguiente, evitaría tener que tomar estas medidas compensatorias para paliar el impacto tan duro que está recibiendo el sector.
