El gobierno está planteando en estos últimos días, la necesidad de una reforma fiscal importante, una modificación que nuestra organización considera imprescindible para acometer la recuperación y el crecimiento económico del país, pero que indiscutiblemente no puede recaer sobre las mermadas rentas de los autónomos y trabajadores.
El esfuerzo extraordinario en el gasto público en la lucha contra la COVID-19, así como las medidas de reactivación de la economía, necesitan de una reforma de la política de recaudación fiscal, que no implicaría sólo subir impuestos, habría, sobre todo, que priorizar el gasto y gestionar adecuadamente los fondos, para evitar, en este contexto más que nunca, la competencia desleal y la economía sumergida o informal.
UPTA propone:
- Establecer un tipo superreducido del 5% para las actividades de hostelería y turismo durante un periodo de, al menos, doce meses, además, se elevaría hasta el 25% el tipo de IVA aplicable a ciertas actividades, bienes y servicios considerados de lujo.
- Elevar, durante un periodo de dos años, el tipo marginal máximo del IRPF para las rentas superiores a 100 mil euros anuales.
- Elevar en un punto, durante un periodo de dos años, el tipo aplicable a las rentas del ahorro, en rendimientos por encima de 5 mil euros por operación o más de 20 mil euros en términos anuales.
- Aplicación de una tasa fija para todas las operaciones o transacciones financieras superiores a 5 mil euros con carácter general en todo el ámbito europeo, al menos de los Estados de la eurozona.
- Aplicación de un tipo impositivo específico que grave los beneficios por las transacciones económicas que realicen las empresas de carácter tecnológico en el ámbito nacional español. Este tipo sería el diferencial entre el impuesto que grave su actividad principal en el domicilio de la sociedad y el aplicable en nuestro país. Esta norma se armonizará en el ámbito europeo.
- En el ámbito de las plataformas digitales, se establecerá una normativa especial que regule en términos fiscales las actividades económicas que se establezcan entre particulares y que no tengan carácter estricto de consumo colaborativo, con el fin de evitar una actividad profesional encubierta y que actúe como competencia desleal con respecto a las actividades regulares.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, “necesitamos un modelo fiscal justo, hay que evitar que sean las rentas del trabajo o los rendimientos de los autónomos los que se lleven la peor parte. Debemos asegurar una contribución ecuánime de las rentas financieras del patrimonio, del beneficio de las sociedades y especialmente de las grandes corporaciones que desarrollan su actividad en el ámbito internacional y que cuentan con más facilidades para eludir la presión fiscal. Tampoco en el ámbito del consumo la presión fiscal indirecta puede ser igual para todos los bienes y servicios. Los productos especiales o de lujo deberían responder de forma diferente frente a los productos socialmente imprescindibles o a las actividades económicas más afectadas por la crisis”.
