Las medidas adoptadas por el Gobierno pueden suponer una disminución de la facturación de hasta un 70% en la mayoría de los establecimientos. El sector está al límite y debe adaptarse a las nuevas circunstancias a través de la venta de alimentación y bebida, según SEP Jurídic
Algunos especialistas del sector del turismo advierten que es posible que hasta 2022 no se vuelvan a tener los niveles de negocio anteriores a la pandemia. La gran preocupación ya no es la apertura del restaurante, ya que existe una fecha cierta, sino bajo qué condiciones se va a operar y si dichas condiciones van a ser viables desde el punto de vista económico, laboral y empresarial.
A raíz de esta enorme crisis, SEP Horeca, división de consultoría del Grupo Caterdata, ha creado SEP Jurídic, gestoría de temas de laborales y empresariales. Según su Director General, Alfonso Pastor, “hemos actuado rápido en valorar lo que necesitará el sector a medio plazo para compensar la caída de ventas de los clientes”.
Todo lo anterior obliga al restaurador a abrir nuevas fuentes de ingresos que son más que necesarias que nunca para garantizar su supervivencia. A día de hoy la licencia de Restauración permite el servicio de comida para llevar y delivery pero, desde SEP Jurídic, se cree que ampliar a licencia de tienda de alimentación permitirá al restaurador generar facturación con una inversión discreta. De esta forma no sólo podrá dar el servicio de comida preparada, sino que también podrá vender ingredientes a precios competitivos y formatos atractivos con la ventaja de la proximidad del consumidor final.
Desde SEPJurídic se ofrece el servicio de tramitar la ampliación de la actividad -que hasta ahora suponía sólo el servicio de comidas y bebidas para consumir en el establecimiento y de servicio a domicilio- y así poder ofrecer servicio de venta de productos de alimentación y bebida.
A tenor de lo ya estipulado por el Gobierno, así como por las propuestas de asociaciones de hostelería, se puede confirmar que el restaurador independiente no sólo sufrirá un inicio de actividad con evidente descapitalización y cargas financieras, sino que también deberá hacer frente a una inversión para adaptar su local a las exigencias sanitarias. Esto provocará una disminución de más del 70% de la facturación habitual en gran parte de los locales de restauración a raíz del distanciamiento social y los límites de aforo impuestos. Por otra parte, el restaurador se encontrará con un comensal potencial que está mermado en su poder adquisitivo, orientado a alimentarse en casa y con cierta desconfianza a tener que verse expuesto a situaciones de aglomeración humana.
“Ahora que la actividad está parada la principal función es sobre todo trasladar las últimas novedades del cambio de normativas como consecuencia del COVID-19 y las decisiones que toma el gobierno”, explica Pastor. “Mientras dure el estado de alarma se pretende ayudar a desarrollar planes de contingencia a nivel laboral y empresarial, esto es, saber cómo acceder a ayudas laborales, financieras o prestaciones”.
En este contexto, “hay que empezar a diseñar planes de contingencia porque en el momento que se vuelva al trabajo habrá que tener en cuenta medidas preventivas y organizativas, medidas de seguridad y salud laboral. También habrá que adecuar el retorno del personal a su lugar de trabajo, tomar medidas sobre los espacios, organización de turnos, horarios y la movilidad y seguridad de trabajadores y clientes”, indica Pastor.
