FACUA-Consumidores en Acción, junto a más de una decena de organizaciones sociales y sindicatos, se ha dirigido a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados para solicitarle que apueste por la sanidad pública y universal como una de las formas de combatir la crisis causada por el Covid-19.
Las organizaciones advierten de que la emergencia sanitaria ha puesto ha agravado los problemas del sistema sanitario español, debilitado tras las políticas de la última década que han estado marcadas por una constante caída de la financiación pública y el avance de modelos privatizadores. España cuenta en la actualidad con uno de los gastos sanitarios más bajos por habitante de la zona euro -1.667 euros frente a los 2.660 de promedio de la Unión Europea, según datos de Eurostat de 2018- lo que se ha traducido en una importante merma de recursos de la red sanitaria pública.
Ante esta situación, las distintas entidades, que han sido invitadas a comparecer en los próximos días en la Comisión de Reconstrucción, han entregado una serie de recomendaciones a los miembros de la Comisión. Entre ellas, el incremento del gasto sanitario en 1.000 euros por persona y año para salvaguardar el Sistema Nacional de Salud.
Las organizaciones aseguran que la sanidad española se encuentran en un momento clave en el que urge que se tomen las medidas necesarias para reforzar el sistema sanitario de cara a un posible rebrote del Covid-19, así como para afrontar posibles pandemias futuras o, sencillamente, para el día a día de las consultas.
Una de las consecuencias más evidentes de la política de recortes que se lleva efectuando durante años, agravada por la reciente crisis, es el déficit de camas hospitalarias, que se estima entre 50.000 y 70.000. También la falta de profesionales suficientes que puedan garantizar una atención adecuada a los usuarios, así como la precariedad en la que trabaja el personal sanitario. La crisis del Covid-19, indican las entidades, también ha revelado serios problemas de coordinación entre los diferentes actores y ámbitos de responsabilidad en su gestión, y entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, que es necesario corregir cuanto antes.
Así, las organizaciones aseguran que, aunque prevenir posibles colapsos del sistema es responsabilidad de las distintas administraciones, la prevención se construye día a día, desde el refuerzo de una Atención Primaria, actualmente infravalorada e infradotada, así como de un sistema social solidario e inclusivo. Existe un vínculo ineludible entre la salud individual y la comunitaria.
Por ello, es imprescindible que el sistema de protección integre a todas las personas que viven en el territorio, particularmente a las más vulnerables, sin discriminaciones y sin dejar a nadie atrás. Es necesario contar con un sistema sanitario de cobertura universal y con una amplia red de servicios sociales que incidan sobre los determinantes sociales de la salud -circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen-, garantizando a toda la población unas condiciones dignas de vida, la forma de prevención más efectiva ante la enfermedad. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del Covid-19 es la fortaleza de una sociedad que reivindica la sanidad pública como garante de la salud.
Junto a FACUA, se encuentran como organizaciones firmantes Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria -Faecap-, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos -CEAV
