Un análisis realizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tras la petición realizada a comienzos de la semana pasada por FACUA-Consumidores en Acción a los ministerios de Consumo y Sanidad pone de manifiesto graves irregularidades en las mascarillas distribuidas por la Comunidad de Madrid a la población. En una de las muestras analizadas, el filtrado es tan deficiente que deja pasar casi un 40% de las gotas más pequeñas o aerosoles, frente al máximo del 8% que se establece para que puedan considerarse FFP2.
Las pruebas efectuadas por el INSST, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, concluyen que las citadas mascarillas del fabricante chino Whenzou Haoshou Home Textile con supuesta categoría KN95 o FFP2 -la equivalente en la Unión Europea- no cumplen los requisitos para presentarse con estas denominaciones. De hecho, indica que «se observa una gran dispersión de resultados que no permite una certificacion de la mascarilla».
La semana pasada, FACUA se dirigió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para requerirle información ante las numerosas anomalías en el etiquetado que estaban trascendiendo y el hecho de que estuviese recomendando a la población utilizarlas durante 48 horas, cuando la OMS y organismos de salud pública de la UE y EEUU aconsejan limitar el uso de este tipo de mascarillas a entre 4 y 8 horas. Además, la asociación, solicitó a Sanidad que aclarase si antes de distribuirse habían sido analizadas en España. No ha obtenido ninguna respuesta hasta la fecha.
FACUA considera de extrema gravedad las prácticas en las que ha incurrido la Comunidad de Madrid, poniendo en riesgo a la población al darles una sensación de falsa seguridad con unas mascarillas publicitadas como FFP2 o KN95 sin cumplir los requisitos y habiendo eludido la realización de análisis previos en España pese a los numerosos casos de productos defectuosos que habían trascendido con anterioridad.
La irresponsabilidad del Gobierno autonómico madrileño ha sido aún mayor, advierte la asociación, al no haber siquiera paralizado cautelarmente la distribución de las mascarillas cuando trascendieron las primeras irregularidades en su etiquetado, al ponerse de manifiesto que los certificados de homologación europea de las mascarillas eran falsos. Antes de comenzar la distribución, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se observaba que la norma europea que decían cumplir ni siquiera existía. Después de que FACUA denunciase los hechos, la Comunidad indicó a la prensa que se trataba de «un error de impresión en el envoltorio de las primeras muestras«.
La principal conclusión del estudio realizado por el INSST tras la petición de FACUA es que el nivel de protección frente al coronavirus de estas mascarillas es una lotería: todas las unidades analizadas dieron resultados diferentes, con rangos amplísimos entre ellas, lo que impide clasificarlas en ninguna categoría. Y en ningún caso se corresponden con las indicaciones del fabricante. «Son las mejores porque protegen en exceso», llegó a asegurar Díaz Ayuso sin contar con ningún análisis propio. Además, llegó a afirmar que son las recomendadas para las personas que están «en la línea de fuego, como son los sanitarios».
