La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido la implementación de las medidas de protección contra las violencias machistas durante el estado de alarma, y ha señalado que hay que evaluar el impacto de la crisis del COVID19 y sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables.
La ministra de Igualdad ha presidido por videoconferencia la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha contado con la participaran de la Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, las comunidades autónomas (CCAA), las ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de municipios y provincias, entre otros.
La ministra ha agradecido la colaboración de las comunidades y las ciudades con Estatuto de Autonomía en la implementación de las medidas de protección frente a las violencias machistas que se han articulado durante el estado de alarma, especialmente efectivas en unas circunstancias como las actuales.
«Nuestra principal preocupación es el impacto de esta crisis y sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables», ha señalado Irene Montero durante la reunión. La ministra ha destacado como principales objetivos «reconocer los cuidados como un pilar de la sociedad, dignificar esos trabajos y convertirlos en un vector de desarrollo económico y democrático».
Respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha insistido en «seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente».
Reparto de los fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género
Entre los diversos puntos del orden del día se han acordado los criterios de reparto de los Fondos del Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario de 2020 y el reparto de los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género. Este acuerdo será elevado al Consejo de Ministros.
El reparto de Fondos del Pacto de Estado asciende a 100.000.000 de euros a repartir entre las CCAA y las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Los fondos serán destinados, entre otras medidas, al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral;
campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.
Por su parte, los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género han quedado repartidos de la siguiente manera: 6.500.000 euros para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; 1.000.000 de euros para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres; y 2.000.000 de euros destinados al programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Durante la reunión también se ha intercambiado información y se ha llevado a cabo un seguimiento de los recursos y medidas aprobadas en el marco del RDL 12/2020, de 31 de marzo, en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia sexual, así como del Plan de Contingencia contra la violencia de género con motivo de la crisis sanitaria COVID-19.
