Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 2.749,83 millones de euros a 31 de mayo de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 60.156,28 millones, que presentan una reducción del 0,95%, y unas obligaciones reconocidas de 62.906,11 millones, que crecen en un 8,05% respecto al mismo periodo del año anterior.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 90,84% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 9,16% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 87,66% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 12,34% por las mutuas. En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 59.014,49 millones de euros, con un incremento del 1,15% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 8,22%, hasta un total de 62.815,33 millones de euros.
Impacto de la COVID-19 en los ingresos En mayo se constata un descenso en la cotización de los ocupados a causa de la pandemia de la COVID-19. Medidas como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor o a la prestación extraordinaria para los autónomos -que también conlleva la exención de cuotas- se estima que han tenido un impacto en la reducción de los ingresos acumulados en torno a 1.247 millones de euros, un 2,49% de los ingresos por cotizaciones, hasta el 31 de mayo.
A ello se unen otras medidas excepcionales aplicadas desde la Tesorería General de la Seguridad Social como las moratorias en el pago de cotizaciones a empresas y trabajadores por cuenta propia que han tenido una disminución de la actividad. Por otro lado, cabe destacar el registro de las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos que a 31 de mayo se cifran en 229,92 millones de euros, lo que supone un incremento de 160,78 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes se incrementan un 3,49% hasta los 9.547,04 millones respecto del mismo período del año anterior. La partida más representativa son las transferencias del Estado y Organismos Autónomos donde se ha producido un incremento de 390,08 millones, un 5,15% más. La variación en estos conceptos se debe fundamentalmente al desfase en el calendario de las transferencias que efectúa el Estado a la Seguridad Social.
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 59.241,44 millones, un 8,56% más respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 94,17% del gasto total realizado en el sistema de la Seguridad Social. La mayor partida, 54.976,66 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,17%.
Las pensiones contributivas (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,26% hasta sumar 47.092,24 millones. Este incremento tiene su origen en la reducción del número de pensionistas (0,48%), en la elevación de la pensión media (2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%) aprobado por el Real Decreto-ley de 14 de marzo.
En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.176,20 millones, lo que representa un incremento interanual del 14,12%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.
El gasto en incapacidad temporal (IT) se ha visto incrementado un 15,06% hasta los 4.104,72 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 (que tiene una mayor cobertura al incluir también el aislamiento y no sólo la enfermedad) de 36,59 millones, un 0,89% del gasto total.
Merece atención especial la prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos afectados por declaración del estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que ha alcanzado a 31 de mayo un importe de 2.398,1 millones de euros.
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 4.264,78 millones de euros, un 1,34% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 3.408,93 millones y a subsidios y otras prestaciones 855,85 millones, de los que 826,14 millones corresponden a prestaciones familiares, un 15,46% más.
El incremento en las prestaciones familiares viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas, establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo por importe de 291 a 341 euros, o de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.
Los gastos del personal han experimentado un incremento del 6,25% que está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.
