El Presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, Francisco Reyes, Presidente de la Corporación Provincial de Jaén, ha pedido al Ejecutivo que se permita a estas Administraciones “liberar” sus 20.000 millones de euros de ahorro para invertirlos en sus territorios. En la reunión que la Comisión ha celebrado esta mañana en Castellón, Reyes ha insistido en que ha sido el buen trabajo de gestión económica el que ha permitido alcanzar este remanente y ha calificado de injusto “no poder gastarlo para mejorar los servicios a la ciudadanía”.
Sobre la tasa de reposición de efectivos locales, Francisco Reyes ha destacado la necesidad de incrementar por encima del 100% esta tasa de renovación, y ha recordado que la Administración Local ha perdido desde 2011 más de 95.000 efectivos en sus plantillas.
Asimismo, ha reclamado mayor participación de los Gobiernos Supramunicipales en el diseño de la aplicación de los marcos financieros de los Fondos Estructurales y de inversión europeos en el periodo 2021-2028 porque “tenemos mucho que decir porque es en nuestros territorios donde se aplican esos Fondos”. En este sentido, Reyes subrayó la relevancia que el trabajo de las Diputaciones tiene en la lucha contra la despoblación del medio rural.
Declaración institucional
La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP ha contado con la asistencia de 21 de sus miembros, y se ha celebrado en Castellón por invitación de su Presidente, Javier Moliner. Todos ellos han dado su aprobación a una Declaración Institucional (en las páginas siguientes), propuesta por la Diputación de Pontevedra, en relación con los incendios forestales que han asolado importantes territorios de Galicia, Asturias y Castilla y León en las últimas semanas.
La Declaración reclama “ayuda inmediata por parte de las administraciones competentes a los territorios afectados, con el establecimiento de medidas extraordinarias de recuperación socioeconómica y medioambiental para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de los incendios”. Pide, además, “un análisis de la grave situación forestal a la que se enfrenta nuestro país, con la desestacionalizacion del periodo de riesgo de incendios debido al incremento de temperaturas y la situación de sequía que vivimos”. En este sentido, propone “enfrentar la lucha contra los incendios desde una nueva perspectiva integral”, y demanda políticas contra el cambio climático y la despoblación como vía para combatir esta lacra.
La Comisión, además, ha mostrado su apoyo y solidaridad con los afectados por los incendios.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP
Galicia, Asturias y Castilla y León así como también nuestro país vecino, Portugal, acaban de sufrir una oleada de incendios que ha devastado miles de hectáreas de superficie forestal, poniendo en riesgo las viviendas y las propiedades de miles de personas. La situación fue tan virulenta que lamentablemente se han perdido cuatro vidas humanas.
La sequía de los últimos meses, las altas temperaturas y el fuerte viento del huracán Ophelia llegando las cosas del Atlántico, han facilitado la propagación del fuego, registrándose en un solo fin de semana centenares de incendios, que han podido controlarse sólo con la llegada de las lluvias en la mayoría de los focos activos en las zonas urbanas.
Pero es que además, la situación actual que atraviesa el medio rural, con un serio problema de despoblación que está provocando el abandono progresivo de ese territorio, así como la magnitud y el número de incendios activos han sido elementos claves para que la situación llegase a límites nunca antes visto.
Fuentes oficiales han avanzado estimaciones provisionales que recogen que tan sólo en Galicia, se han calcinado, en 146 incendios, un total de 35.500 hectáreas, ardiendo en un solo fin de semana más del doble del terreno que los primeros nueve meses del año
En el caso de Asturias, se han contabilizado hasta 95 incendios que afectaron a más de 40 concejos, que incluso han llegado a provocar la suspensión de las clases para 2.500 alumnos y alumnas de los centros educativos próximos a la zona del fuego
En Castilla-León, al igual que en Asturias y en Galicia hemos tenido que lamentar que se hayan visto afectadas espacios naturales protegidos de la Red Natura 2.000
Pero es que además, debemos tener en cuenta un dato desolador: Entre enero y octubre de este año han ardido más de cien mil hectáreas del patrimonio natural de este país.
Después de esta experiencia tan devastadora, las administraciones públicas debemos colocar las miras en nuestro futuro inmediato enfrentado la situación desde dos puntos de vista claros:
Primero, en la ayuda inmediata por parte de las administraciones competentes a los territorios afectados, con el establecimiento de medidas extraordinarias de recuperación socioeconómica y medioambiental para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de los incendios.
Son incontables las perdidas, tanto personales como medioambientales, que han perturbado gravemente las condiciones de vida de la población de estas comunidades autónomas, por lo que es necesario que el consejo de ministros, previo informe de las Comunidades Autónomas, adopte la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Y es urgente e inaplazable, que las administraciones competentes articulen los mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento de las medidas de ayuda a los damnificados recogidas en la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección civil.
Segundo, es necesario, más que nunca, un análisis de la grave situación forestal a la que se enfrenta nuestro país, con la desestacionalizacion del periodo de riesgo de incendios debido al incremento de temperaturas y la situación de sequía que vivimos
Debemos enfrentar la lucha contra los incendios desde una nueva perspectiva integral. Es evidente que son necesarios mecanismos de extinción, pero debemos centrar más esfuerzos en políticas de prevención y sobre todo en la lucha contra el cambio climático
Porque aunque es cierto que la lacra de los incendios es una cuestión que tiene un carácter sistémico, es evidente que este año se ha visto agravado con los efectos del cambio climático, que han provocado olas de calor y sequías brutales nunca vistas en estos territorios, lo que aumenta las posibilidades de que esta situación se repita, incluso en mayor medida.
Es por todo ello que, urge, y así lo hacemos saber, un cambio de modelo en la política forestal, en la que todas las administraciones estemos presentes, colaborando en la protección de nuestro patrimonio natural y nuestro futuro.
Una política forestal cuyo eje de acción sea la prevención, preservación y cuidado de nuestros montes y bosques, y que tenga muy en cuenta la realidad medioambiental a la que nos estamos enfrentando con el cambio climático.
Pero también nuevas políticas que luchen contra la despoblación y el abandono del medio, promoviendo un desarrollo sostenible del mundo rural en el ámbito social, económico y ambiental.
Sirva también esta declaración institucional, como homenaje a la ingente labor desarrollada por los efectivos contra incendios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, en situaciones tan duras como las vividas, así como de agradecimiento a los vecinos y vecinas que disponiendo de sus propios medios se han enfrentado a los fuegos para salvaguardar nuestro territorio, trasladando nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de los cuatro fallecidos en esta ola de incendios.
Trasladamos además, la solidaridad de la comisión de diputaciones de la FEMP a las Comunidades Autónomas afectadas y al conjunto de municipios que sufrieron los incendios en primera persona.
Debemos aprender de lo sufrido, para que esta situación no se vuelva repetir
