El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018 referente al departamento que dirige. La Consejería de la Presidencia dispondrá de 125,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,7 % en relación con el de 2017. En cumplimiento de las leyes de Ordenación del Territorio aprobadas con el voto casi unánime de las Cortes, los presupuestos para 2018 incluyen tres partidas económicas con relación al modelo de ordenación. El presupuesto de esta consejería también contempla la mayor oferta de empleo público de los últimos 20 años.
24 de octubre de 2017
Castilla y León | Consejería de la Presidencia
El Presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2018 asciende a 125,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7 % más que en 2017. La mayor cuantía, 72,9 millones de euros, se destina a las entidades locales, que se pueden incrementar en 25 millones de euros más procedentes de una primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia que se sumarían una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.
El principal proyecto de la Consejería de la Presidencia para esta legislatura es el despliegue del modelo de ordenación del territorio, un proyecto de Comunidad que siempre se ha planteado como un proceso presidido por la participación y el diálogo de todos los agentes implicados y, especialmente, por el diálogo político. En la pasada legislatura, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en 2013 contó con el voto favorable de 82 de los 84 procuradores. Al inicio de esta legislatura, los cuatro partidos políticos con grupo parlamentario propio suscribieron un acuerdo manifestando su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado con la Ley de 2013.
En las tres ocasiones en las que se han tramitado leyes o normas con fuerza de ley que definen el modelo se ha llegado a acuerdos con el partido mayoritario de la oposición. Las normas aprobadas con el voto casi unánime de las Cortes determinaron los criterios que deben utilizarse para delimitar las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, que es a lo que se limita el proyecto de ley que, actualmente, está en tramitación.
Tras siete años de trabajo, ya se pueden aplicar estas leyes para culminar un modelo de ordenación que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses, fundamentalmente de los que residen en el medio rural.
Actualmente solo pueden constituirse Mancomunidades de Interés General urbanas, ya que la aprobación del mapa de las UBOST es requisito imprescindible para la constitución de las rurales. Hasta ahora no se ha avanzado en la financiación de las mancomunidades de interés general a la espera de aprobar las UBOST y de que pudieran concurrir a esta financiación tanto las rurales como las urbanas. Por este motivo, si no se culmina el modelo de ordenación, los habitantes del medio rural quedarán en peor situación que los que están en zonas urbanas y sus alfoces.
Los presupuestos para 2018 contemplan tres tipos de cuantías derivadas del modelo de ordenación. Una primera, de 64,7 millones de euros, procede de la participación de las entidades locales en los ingresos propios y en los tributos cedidos, calculados de acuerdo con las previsiones de la Ley 10/2014. Esta Ley establece también quiénes serán los beneficiarios de esta financiación: municipios, provincias y mancomunidades de interés general que se constituyan. A partir de 2018, y de acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la Ley 10/2014, se dedicará una parte de los ingresos tributarios a impulsar las mancomunidades de interés general urbano mediante la financiación de las mismas. También se está estudiando la posibilidad de que, con una declaración responsable del municipio de mayor población y, al menos, de un tercio del resto de los municipios del alfoz, en la que se comprometen a poner en marcha la mancomunidad de interés general, puedan recibir una parte de los tributos propios y cedidos.
Igualmente, para la distribución de los fondos en el caso de las Diputaciones Provinciales, se tendrá en cuenta la manifestación de voluntad favorable de la provincia a conformar los instrumentos de cooperación sobre ordenación del territorio previstos en la Ley 7/2013. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 10/2014, la participación en los dos fondos se instrumentalizará a través de convenios formalizados con la Consejería de la Presidencia.
La segunda partida autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar con un máximo de 25 millones de euros el Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Los créditos se dotarán como se determine en la norma que apruebe el mapa de las UBOST.
La tercera y última previsión económica relacionada con el modelo de ordenación es la partida ‘Cohesión territorial’, dotada este año con 3,3 millones de euros. Es el tercer año consecutivo que se presupuesta y entre sus finalidades está la de incentivar la creación de Mancomunidades de Interés General. En este sentido, el consejero de la Presidencia ha anunciado que su Consejería convocará en 2018 una línea de ayudas para incentivar la constitución de mancomunidades de interés general.
En relación a estas previsiones económicas, De Santiago-Juárez ha señalado que “estamos a tiempo de hacer posible, entre todos, que a estos fondos puedan concurrir en igualdad de condiciones las mancomunidades de interés general urbanas y rurales”, ya que, si no se aprueba el mapa de las UBOST, las rurales quedarán discriminadas en el reparto de dichos fondos.
Oferta de Empleo Público, Cooperación para el Desarrollo y otras políticas
El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha recordado, durante su comparecencia, que en 2017 ya se ha aprobado una parte de la oferta de empleo público, con 3.000 plazas, que se ampliarán hasta las 6.000 cuando se apruebe la oferta de Sanidad. Estas cifras muestran, por tanto, la mayor oferta de los últimos 20 años.
En los presupuestos para 2018, la Consejería de la Presidencia destina 4,2 millones de euros, la segunda partida más abultada, a cooperación para el desarrollo. Cabe destacar que Castilla y León es una de las dos únicas Comunidades Autónomas que han sido invitadas al Congreso de los Diputados para exponer su visión sobre la implementación de la Agenda 2030 y también acudirá en breve al Senado.
En cuanto a las políticas migratorias, destaca el apoyo de la Consejería de la Presidencia al retorno de personas emigrantes con una ayuda que se incrementará en un 44 %. También crece el presupuesto destinado a las competencias de atención al ciudadano, en un 4 %, que se concentra en el servicio 012, ya que tras la entrada en vigor de la Ley de procedimiento administrativo, el número de procedimientos teletramitables ha crecido exponencialmente y, con ello, las consultas al 012. Por ejemplo, en septiembre de este año se han incrementado en un 59 % en relación con el año pasado.
Impulso a las medidas que mejoran la calidad de la políticas
La Ley de Atención a las Víctimas encuentra su reflejo presupuestario en las bonificaciones para las víctimas del terrorismo en el impuesto por donaciones y sucesiones, en la exención del abono de tasas para acceso al empleo público y en la exención de tasas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias que se incluyen en el proyecto de ley de medidas presupuestarias y financieras. Además, desde la Consejería de la Presidencia se apoya a las entidades dedicadas a la atención a las víctimas con 25.000 euros. El presupuesto también incorpora 100.000 euros para apoyar la labor de asociaciones que trabajan en favor de la Memoria Histórica.
De Santiago-Juárez ha anunciado en su intervención ante la Cámara que en breve se presentará a la sociedad el anteproyecto de ley del Diálogo Civil, un texto en el que se podrá participar durante varios meses con el fin de recoger el mayor número de aportaciones posibles.
