La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado a las distintas administraciones, en especial a los ayuntamientos, que autoricen la celebración de los mercados de venta directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por coronavirus.
El Real Decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar el abastecimiento alimentario, por lo que resulta “incomprensible y discriminatorio” el veto a los mercados agrarios al aire libre. Por ello, COAG considera que las distintas modalidades de canales de venta directa de productos agrarios deberían celebrarse y prestar su servicio con normalidad, cumpliendo en todo caso con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, tales como mantener distancia de seguridad entre las personas, evitar aglomeraciones en el recinto de celebración, aumentar la separación entre puestos, etc..
La pérdida de estos canales de venta directa, unida al cierre de comedores escolares al que muchos agricultores suministraban alimentos en distintas CC.AA, supone un grave perjuicio para las explotaciones agrícolas que utilizan estas vías de comercialización (en torno a 25.000 en nuestro país), así como para los consumidores que optan por este canal de relación directa con los productores. “Además del perjuicio económico, se produce también un elevado desperdicio de alimentos que, perfectamente aptos para su consumo, pueden acabar no siendo cosechados o, una vez cosechados, no llegar al consumidor final. En la mayoría de los casos se trata de producciones que ese agricultor o ganadero no podría comercializar por otras vías. Ahora, más que nunca, es crucial apostar por los alimentos de cercanía, vinculados al territorio, para fortalecer la economía local y aprovechar al máximo toda la producción”, ha precisado Andoni García, responsable Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG.
Esta situación incide en las dificultades para el desarrollo de estas vías de comercialización directa, que en muchas ocasiones, y al margen de esta situación temporal, grave e indeseada, no cuentan con el apoyo de las autoridades, cuando se trata de una vía necesaria para el fomento de una relación adecuada entre consumidor y proveedor. Las distintas administraciones deben arbitrar un sistema y una legislación favorable que permita potenciar estos canales de venta.
