Remiten una carta a Herrera en la que le advierten del impacto en los derechos ciudadanos y la economía de estos establecimientos «ilegales»
La Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal), CCOO y UGT en la Comunidad exigieron hoy a la Junta que haga cumplir la ley y acabe con las estaciones de servicio desatendidas al seguir produciéndose incumplimientos con algunos empresarios saliendo incluso en los medios anunciando que no iban a cumplir, lo que supone un “órdago a la Administra regional”.
Las organizaciones sindicales convocarán movilizaciones si no se atiende a sus demandas, incluso se plantean acudir a la huelga de un sector que cuenta con 800 establecimientos y 2.500 empleados en la Comunidad. Una amenaza que contaría con la connivencia patronal, porque en este caso “sobran razones”, dijo el portavoz de Avecal, Rafael Pizarro. “Apoyaremos a los trabajadores porque hay razones de peso”, adelantó.
Estas organizaciones, dentro de una plataforma con consumidores y asociaciones de discapacitados, remitieron una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de marzo. Recurrieron al presidente tras mantener una reunión en febrero con la directora general de Consumo, a la que exigieron que velase por los intereses de los consumidores e hiciese cumplir la legislación aprobada el 5 de octubre en las Cortes (se publicó el 14 de ese mes en el Bocyl), que modificaba el Estatuto de los Consumidores de Castilla y León del año 95. Una regulación que obligaba a estos establecimientos a tener al menos una trabajador responsable en atención al cliente, y establecía tres meses de adaptación, con lo que se hizo efectiva el 25 de enero de 2017.
La plataforma reclamó a Consumo, una campaña específica para hacer cumplir la normativa, con la implementación de las sanciones graves que acarrea el incumplimiento de la ley. Tras esta solicitud, decidieron acudir también el 9 de marzo a los delegados territoriales de la Junta en cada provincia, a los que remitieron una comunicación en la que les trasladaron que estaban detectando falta de cumplimiento de la norma.
En este contexto, el secretario general de CCOO de Industria de Castilla y León, Gonzalo Andrés Díez, recalcó que “no han obtenido respuesta” y advirtió de que si la Junta sigue sin hacer cumplir la ley iniciarán movilizaciones, que terminarán en paros por parte de los empleados de las gasolineras. “Hasta aquí hemos llegado, ha habido tiempo suficiente para la adaptación desde enero y sigue habiendo estaciones de servicio desatendidas, sin que nadie haga nada”, sentenció.
Díez recordó que estas gasolineras inculcan los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, de los discapacitados; ponen en riesgo las zonas donde se establecen; no garantizan la seguridad, ni los litros que se echan, porque los inspectores tienen que llamar antes de ir; el ciudadano se puede quedar sin tarjeta si se la traga una máquina sin que nadie le atienda, e impulsan el dumping empresarial, ya que según un estudio, “cada estación de este tipo provoca el cierre de otras tres en un entorno de 20 kilómetros”.
El dirigente de CCOO reseñó que en los dos últimos años, en la Comunidad se abrieron entre 120 y 130 de estos establecimientos, con una pérdida de empleo directo de medio millar de puestos, a los que habría que sumar su impacto sobre los negocios de la zona.
En este sentido, Pizarro recordó que en la Comunidad habría 150 gasolineras desatendidas y advirtió de su impacto en el mercado laboral, ya que, según precisó, los datos del INE indican que en 2015 se abrieron en España 235 de estos establecimientos y acabaron con 600 empleos, y el año pasado impactaron sobre otros 2.100
El responsable patronal también se refirió a la situación particular de las cooperativas e insistió en que deben cumplir la ley como el resto. Al respecto, hizo un llamamiento a la responsabilidad de estas empresas por crear empleo en el medio rural y evitar así su despoblación.
Pizarro defendió que sus reivindicaciones no constituyen una cuestión “de sector”, dino que nacen “para proteger al consumidor”. Aseveró que los responsable de abrir estos establecimientos “son meros inversionistas no empresarios” y se preguntó cómo es posible que se siga consistiendo, cuando en troas autonomías ya se han producido graves accidentes porque “veden productos altamente tóxicos e inflamables”.
El portavoz de Avecal, donde también es vicepresidente, también denunció que en la Comunidad, “se ha estado incumpliendo la ley durante los últimos 22 años por la dejadez de la propia Administración regional”, porque el estatuto del consumidor del 95 ya establecía la necesidad de manipular con seguridad los combustibles. “Tenía que haber actuado, pero parece que aquí se legisla, pero no se cumple”, denunció. Para finalizar, advirtió de que o se cumple la ley y se protege al ciudadanos y a los trabajadores, o irán “donde haga falta”.
Por su parte, el secretario general de FICA UGT Castilla y León, Miguel Ángeñl Fierro, también reprochó el impacto de estas estaciones sobre los derechos de los ciudadanos, sobre su seguridad, la cantidad de producto o “cualquier incidencia en la que no nos asiste nadie”: Asimismo, constató todo el empleo que no se crea junto con el que se destruye y advirtió de que otro pasó será comprobar que los empleados que se suman a aquellas que tornen a la legalidad, cumplen con el convenio del sector.
ICAL
