Apple ha llegado a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por el que pagará 113 millones de dólares -unos 95 millones de euros- por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos.
Los demandantes han sido 33 estados, además del Distrito de Columbia, que le acusaban de haber engañado a los clientes y haberles ocultado información relevante.
Los hechos se remontan a 2016, cuando algunos usuarios empezaron a denunciar que sus modelos iPhone empezaban a ir más lentos a raíz de diversas actualizaciones que habían lanzado Apple, lo que llevó a acusar a la multinacional de aplicar la obsolescencia programada a sus productos para potenciar la venta de los modelos más nuevos.
Posteriormente, en 2017, la compañía que dirige Tim Cook reconoció que efectivamente había lanzado parches de actualización que bajaban el rendimiento de sus modelos antiguos, especialmente de los iPhone 6, 6s, SE y 7. La multinacional, sin embargo, indicó que dichas actualizaciones se habían lanzado para bajar la potencia del procesador y evitar así que las baterías de estos modelos se degradasen antes.
Ahora, los fiscales estadounidenses han indicado que el problema no reside tanto en lo que hizo Apple sino en cómo lo hizo. Así, ha considerado que Apple ocultó información acerca de sus baterías y de la ralentización del procesador, haciéndo pasar los parches por actualizaciones normales del sistema operativo.
No es la primera ocasión en que Apple se ve obligado a pagar una multa por este tema. Anteriormente, Francia sancionó a la compañía con 25 millones de euros después de que los servicios antifraude del país galo hayan concluido que hubo carencias en la información que suministraba la multinacional.
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