Diputación Provincial continúa avanzando en el Plan Soria y hoy ha dado a conocer las dos primeras convocatorias en materia de vivienda que se pondrán en marcha este mismo año para conseguir retener a los vecinos del medio rural y atraer a nuevos pobladores. La vicepresidenta de la Diputación, Esther Pérez, ha dado cuenta de estas dos convocatorias que se incluyen dentro del apartado de mejora del entorno del Plan de Dinamización de la provincia de Soria, y más concretamente en el área de vivienda y otras medidas poblacionales donde “se recogen medidas que pretenden facilitar que la población pueda establecer su residencia y se asiente en el territorio soriano, especialmente en el medio rural”. Esta línea de actuación del Plan Soria contempla medidas de vivienda, natalidad y retorno de emigrantes y se articula a través de un fondo gestionado por la Diputación que cuenta con aportaciones de la Junta de Castilla y León y de la propia Institución Provincial. En concreto, para 2017 cada una de estas administraciones aporta un millón de euros que para el próximo año se incrementará hasta los dos millones por parte de cada una.
Esther Pérez ha informado de las dos primeras convocatorias de vivienda en la comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio celebrada esta mañana en la Diputación que se dirigen “a financiar obras de rehabilitación de viviendas particulares destinadas a mejorar la accesibilidad y a financiar obras de rehabilitación de viviendas municipales destinadas al alquiler”.
En el caso de las viviendas particulares, la portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que “a medida que nuestra población en el medio rural envejece, uno de los factores que más contribuyen al abandono del lugar donde se ha residido durante toda la vida es carecer de una vivienda adaptada a las nuevas necesidades de higiene, movilidad o comunicación”. Por ello, con esta convocatoria se persigue “paliar este problema ayudando a quien vive en el medio rural para que adapte su vivienda mejorando su accesibilidad y favoreciendo que se quede en su domicilio”.
Esta convocatoria cuenta con una partida de 175.000 euros destinada a financiar “obras de supresión de barreras arquitectónicas, ensanche de puertas, colocación de pasamanos en los pasillos, instalación de elementos elevadores, reforma de baños, instalación de elementos electrónicos como video porteros así como aquellas obras que los técnicos entienden que mejoran la accesibilidad”. Las ayudas financiarán el 50% del coste de inversión de la obra sin poder superar en ningún caso los 7.500 euros.
Se establecen como criterios de valoración para la concesión de las ayudas el carácter de los solicitantes, la edad media de los solicitantes, la antigüedad de la vivienda, el coste de la intervención y el número de habitantes del núcleo de población donde se encuentre la vivienda. “El objetivo de esta convocatoria es facilitar que todas aquellas personas que ya viven en el medio rural no se nos vayan, que es otro de los problemas que tenemos”, ha sentenciado.
Viviendas municipales
En cuanto a la convocatoria para la rehabilitación de viviendas municipales, la portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que la Diputación realizó una encuesta el año pasado para conocer el número de viviendas propiedad de los ayuntamientos que se podrían destinar al alquiler. “De aquellos que nos contestaron, que no fueron todos, detectamos que había más de un centenar de viviendas municipales susceptibles de ponerse en alquiler. El problema es que tampoco están en condiciones adecuadas para ser alquiladas, por lo que con esta convocatoria se trata por un lado de que las entidades locales pongan en valor ese patrimonio que tienen en desuso y que se favorezca la puesta a disposición de viviendas a un precio asequible en el medio rural para todas aquellas familias que quieran venir porque se trata de que traigamos nuevos pobladores”.
Esther Pérez ha explicado que en este caso las obras susceptibles de subvención serán “las de rehabilitación integral de la edificación, las de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de algunos elementos estructurales o constructivos, obras de mejora de eficiencia energética y obras de accesibilidad. Para esta línea se han destinado 500.000 euros, siendo la subvención del 50% del coste de la inversión sin superar en ningún caso los 20.000 euros.
En este caso, los criterios de valoración establecidos son el carácter de la intervención, primando la rehabilitación integral de la vivienda; el carácter del edificio; el carácter de la entidad solicitante (graduándose por habitantes); y el coste de la intervención. Por su parte, las entidades locales beneficiarias de estas ayudas tienen la obligación de destinar la vivienda rehabilitada al alquiler, de forma que pasarán a una bolsa de alquiler provincial que será gestionada desde la Diputación, durante un periodo mínimo de tres años y formalizando contratos como mínimo de un año.
“Desde el equipo de Gobierno entendemos que estas ayudas resultan esenciales para disminuir todas esas desigualdades sociales pero también para fijar población en nuestro territorio, y deben entenderse como una inversión contribuyendo a resolver en parte esos retos demográficos que tenemos pero creando también oportunidades para que cualquier persona que quiera venir a residir a nuestro territorio en el medio rural pueda hacerlo”, ha señalado. La vicepresidenta ha recordado que estas dos convocatorias “son las primeras” que se ponen en marcha pero ha asegurado “que estamos trabajando ya en otras destinadas a las ayudas al fomento de la natalidad e iremos sucesivamente sacando más convocatorias”. En materia de vivienda, ha advertido que también se está ultimando por parte de los técnicos otra convocatoria “para rehabilitación de viviendas de particulares que se puedan destinar también a bolsa de alquiler”. Una línea de ayudas que previsiblemente contará con una partida de 175.000 euros. Esther Pérez ha añadido que estas convocatorias pasarán tanto por la mesa de Diálogo Social como por el Consejo Económico de la Diputación “para que todos los agentes económicos y sociales puedan realizar aportaciones”.
