La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, bajo el Acuerdo de Diálogo Social sobre las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria, convocó el pasado mes de mayo una línea de ayudas por importe de 7.280.000 euros. El objeto ha sido financiar la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León. Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas. Las actuaciones en los edificios se dirigirán necesariamente a su conservación, a la mejora de la calidad y sostenibilidad y a los ajustes en materia de accesibilidad.
Tal y como se avanzó en la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación edificatoria, los beneficiarios de estas subvenciones podrán recibir este año un máximo de 8.800 euros por vivienda, lo que supone duplicar el importe máximo de la ayuda ofrecida en la convocatoria anterior que era de 4.400 euros, y el mismo incremento del 100 % experimentan también las cuantías individuales para las actuaciones de conservación y mejora de la calidad y la sostenibilidad, que pasan de 800 a 1.600 €, así como las de mejora de la accesibilidad, que llegan a los 3.200 euros.
El objetivo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en esta convocatoria ha sido dotar de un mayor presupuesto a cada beneficiario con el fin de realizar aquellas rehabilitaciones que, en aplicación de los criterios de concurrencia competitiva previstos en la convocatoria.
Con un incremento en la partida presupuestaria para este año hasta los 7,3 millones de euros, la Junta ha resuelto un total de subvenciones para 99 comunidades de propietarios y otros 11 edificios de propietarios únicos, con un total de 2.705 viviendas y locales con el fin de mejorar su conservación, su calidad y sostenibilidad así como su accesibilidad.
Al igual que en las convocatorias anteriores, los requisitos que debían cumplir los edificios eran estar finalizados antes de 1981; que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial de vivienda; que al menos el 70 % de las viviendas deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios y, excepcionalmente, se aceptaban aquellos edificios que presentasen daños estructurales y que tuviesen íntegramente como destino el alquiler durante al menos diez años a contar desde la recepción de la ayuda.
Las otras novedades de esta convocatoria para 2017 hacen referencia a la modificación del régimen de incompatibilidades, no pudiendo acceder a ellas los beneficiarios de convocatorias anteriores, y a la eliminación del requisito de que las obras no debían haber comenzado antes de la presentación de la solicitud.
Así, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente puede financiar obras de conservación para subsanar deficiencias detectadas en el ‘informe de evaluación del edificio’; obras que reduzcan la demanda energética al menos en un 30 %; las que permitan la utilización de energías renovables como la solar, biomasa o geotermia y aquellas que pretendan una mejora en la eficiencia energética de las instalaciones comunes, ascensores, iluminación, etc., así como la instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua o la recogida y separación de los residuos domésticos y respecto a la accesibilidad, se podrán financiar las obras tales como la instalación de ascensores, salvaescaleras y rampas y la instalación de elementos de información o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior.
Estas ayudas a la rehabilitación edificatoria, con un presupuesto de 7,3 millones de euros, se suman a la convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 14,7 millones de euros que publicó el BOCyL el pasado 8 de mayo y constituyen, junto con las actuaciones en materia de regeneración y renovación urbanas, las prioridades de la Junta en materia de vivienda y conforman uno de los cinco grandes acuerdos del Consejo del Diálogo Social para crear más empleo y reforzar los derechos sociales, firmado por el presidente de la Junta y los agentes sociales, CCOO, UGT y Cecale.
