La campaña de denuncias iniciada por FACUA-Consumidores en Acción el pasado enero ha logrado acabar con el fraude en la publicidad de las eléctricas, que indicaban sus tarifas ocultando los impuestos indirectos.
Se trataba de un fraude generalizado en el sector, por el que las compañías omitían los impuestos indirectos en su publicidad e información comercial, induciendo a creer a los usuarios que sus tarifas son mucho más bajas.
FACUA presentó denuncias contra diez comercializadoras eléctricas a mediados de este enero ante el Ministerio de Consumo y varias autoridades autonómicas de protección al consumidor. Sólo Baleares contestó anunciando la apertura de expedientes sancionadores.
Las empresas denunciadas son Cepsa, CHC Energía, Endesa, Feníe, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol y Som Energía. Pocos días después de que trascendiesen públicamente las denuncias, Naturgy corrigió su publicidad y comenzó a incluir los impuestos indirectos en las tarifas que oferta en su web. Posteriormente, el resto de las diez compañías comenzaron a modificar su publicidad para eliminar la irregularidad. La última en hacerlo ha sido Endesa.
Diez comercializadoras
Tras realizar un análisis sobre ofertas comerciales de diez compañías, la asociación detectó no sólo que todas eran considerablemente más elevadas que la tarifa semirregulada (PVPC), sino que su publicidad e información comercial no facilitaba en ningún caso el precio del kilovatio (kW) de potencia contratada y el kilovatio hora (kWh) de energía consumida incluyendo el 27,19% que representan el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.
El artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que todas las ofertas comerciales deben informar «el precio final completo, incluidos los impuestos». También el artículo 60, relativo a la información previa al contrato, y el 97, sobre los datos facilitados a los consumidores antes de firmar contratos a distancia o fuera de establecimientos mercantiles, indican que las empresas están obligadas a indicar los precios con los impuestos y tasas incluidos.
En sus denuncias, FACUA advirtió de que al facilitar tarifas que no incluían los impuestos indirectos, además de infringir los citados preceptos legales las comercializadoras eléctricas estaban induciendo a error a los consumidores sobre el importe real que pagarían de contratarlas, incurriendo con ello también en publicidad engañosa. Así, las prácticas vulneraban también el artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y los artículos 7 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Además de omitir los precios finales, había compañías que ni siquiera aclaraban en sus páginas webs que a las tarifas ofertadas había que sumarles los impuestos indirectos y otras incluían esta advertencia en un lugar poco visible. Incluso en las menciones a los impuestos, también había omisiones sobre cuáles son los porcentajes que representan de incremento sobre las tarifas.
