La compañía entiende que el carbón es «difícilmente prescindible” en su totalidad
La demandad eléctrica de Castilla y León alcanzó el año pasado los 14.087 gigavatios hora, lo que supone un incremento del 1,6 por ciento respecto a 2015, cuando en España se elevó un 0,6 por ciento, hasta los 264.952, según los datos facilitados hoy a Ical, por el delegado territorial en la Comunidad de Red Eléctrica de España (REE), José Ignacio Fernández. La demanda fue de 5,8 megavatios hora per capita, 3,4 por habitante descontando los grandes consumidores.
Castilla y León tuvo una generación neta de electricidad el año pasado de 31.995 gigavatios hora, el 12,2 por ciento del total en España (262.104), y el saldo de los intercambios con el resto del sistema fue negativo en 16.988. La mayor parte de la generación fue hidráulica, 11.570 gigavatios hora, el 29,5 por ciento del total nacional; seguida por la eólica, 10.940, un 22,9 por ciento del global en España. Asimismo, el carbón permitió producir 6.554 gigavatios hora, el 17,5 por ciento de la generación en el conjunto nacional con este mineral; la solar fotovoltaica, 827, un 10,4 por ciento del total; y la cogeneración, 1.858, el 7,2 por ciento.
José Ignacio Fernández remarcó que Castilla y León “demanda el 5,3 por ciento del total nacional; produce el 12,2 por ciento; y genera un 227,1 por ciento de lo que demanda”. Asimismo, incidió en la importancia de generación de la Comunidad para España, con el 13,4 por ciento de la potencia total instalada, lo que supone 14.144 megavatios, sobre 105.308. En este sentido, concretó que la eólica de la Comunidad supone el 24,6 por ciento (5.652 megavatios) de la potencia total de esta fuente en el conjunto nacional, y la hidráulica (4.399 MW), el 21,6 por ciento.
Inversiones
José Ignacio Fernández facilitó estos datos durante una visita de los medios de comunicación al Centro de Control Eléctrico y de Energías Renovables de REE, en Madrid, como antesala a la celebración de la Junta General de Accionistas de la compañía, cuyos resultados de 2016, presentará mañana en la capital de España su presidente José Folgado.
La directora general de Transporte de REE, Eva Pagán, informó durante la visita de que la empresa “trabajará intensamente” este año en la consecución de las infraestructuras de apoyo a la alimentación del TAV, de las líneas Venta de Baños-Burgos-Vitoria, que costará 11,3 millones de euros; y de la Zamora-Orense, que supondrá un desembolso de 30,1 millones. La primera estará concluida en el ejercicio, mientras que en la segunda, se extenderá hasta 2018.
Eva Pagán también anunció que entre 2017 y 2018 estará también concluida la línea de evacuación de energía renovable de la Comunidad entre Segovia y Galapagar (Madrid), que costará 19,3 millones y mejorará el abastecimiento a la autonomía madrileña, que constituye un “sumidero neto de energía”.
En cuanto a la línea de alta tensión Sama-Velilla, entre León y Asturias, repitió que “es un proyecto con fecha más allá de 2020”. “Se puede ir tramitando y la declaración de impacto ambiental está dentro de este proyecto que afecta a un espacio protegido, pero no se puede avanzar más”, dijo.
Cabe recordar que REE prevé una inversión en la Comunidad entre 2015 y 2020 de 138 millones de euros, dentro de su estrategia global, que incluye un desembolso en infraestructura en España de 4.554 millones. En este sentido, la compañía concluyó en 2016, la inversión de 700.000 euros prevista para la ampliación de la subestación de La Mudarra (Valladolid), para atender la demanda industrial de energía de la zona.
Carbón y nuclear
Por su parte, el director general de Operación, Miguel Duvison, se refirió al futuro del carbón y al posible impacto en el sistema de un eventual cierre de las térmicas en 2020, y advirtió de que “todo un contingente es difícilmente prescindible” dentro de las tecnologías de las que se abastece actualmente España.
Duvison recordó que este año, la contribución de este combustible “esta siendo el doble que el anterior”, algo que responde, indicó, a los precios del carbón internacional. Y aseveró que en el futuro analizarán las consecuencias sobre el sistema de la decisión que deberá adoptar el Gobierno sobre “la contribución o no de tecnologías que queden obsoletas”.
En cuanto a las nucleares y el impacto del posible cierre de aquellas con más de 40 años, manifestó que la decisión corresponde al Gobierno tras estudiar los informes del operador del sistema, pero advirtió de que los 7.000 megavatios instalados hoy en España, “son fundamentales para garantizar el suministro”.
ICAL
